Las detenciones practicadas en las últimas semanas por la Guardia Civil en Sevilla, Jaén y Madrid en relación con el caso de la emisión de facturas falsas que, presuntamente, el sindicato UGT de Andalucía llevó a cabo durante años con cargo a los fondos públicos de la Junta de Andalucía, ha supuesto un paso más en el descrédito de las instituciones españolas más importantes ante la sociedad española. La tranquilidad con que este sindicato realizó miles de pequeñas defraudaciones en colaboración con algunas empresas privadas que amoldaban sus facturas a los deseos de los sindicalistas andaluces tira por tierra, al menos en parte, el arduo y fructífero trabajo que este sindicato ha realizado en favor de los trabajadores españoles desde su creación, y muy especialmente, desde los años de la dictadura franquista y durante nuestra reciente democracia.

Resulta especialmente indignante que aquellos que debieron asegurar el cumplimiento estricto de la ley así como la defensa de los intereses públicos, se hayan aprovechado de su condición especial que mantienen con los poderes públicos, a tenor de la misión encomendada por la Constitución española, y de la confianza que a priori obtienen de la sociedad en su actividad primordial, es decir, la defensa de los intereses de los trabajadores. Las conversaciones intervenidas por orden judicial, los emails intercambiados con las empresas que adecuaban los conceptos y cantidades de las facturas a lo que varios responsables de UGT de Andalucía proponían, además de las investigaciones llevadas a cabo por el gobierno andaluz colocan al sindicato en una muy delicada situación que empeora a medida que se va conociendo el resultado de las investigaciones judiciales y de la Guardia Civil.

Por otra parte, se echa de menos una mayor implicación de la central de UGT de Madrid en el esclarecimiento de los hechos ocurridos que de ser verdad, y todo hace pensar que será así, supondrían la obligación de devolver a la Junta varios millones de euros que dejarían a la sindical ugetista andaluza al borde de la bancarrota. La escasez de dimisiones producidas, siendo excepción la del ya exsecretario de UGT-Andalucía, cuando se habla de ilegalidades que afectan a la esencia de uno de los dos sindicatos más importantes de España ahonda aún más en el problema en que este sindicato se ha metido por sí mismo.

Cabe resaltar que el descubrimiento de las irregularidades que llevaba a cabo UGT-Andalucía inflando facturas por un importe mayor de lo real para destinar lo recaudado a crear un bote de contingencia, cuando no inventando la celebración de cursos de formación, está siendo utilizado por la derecha española y los medios de comunicación afines para iniciar una campaña de desprestigio de los sindicatos en su conjunto, como si la corrupción en España hubiese surgido de la noche a la mañana en un sindicato ante el asombro de la sociedad española. Se pretende un ajuste de cuentas desde el sector empresarial más reacio a la aplicación de las normas laborales de organización de un sistema laboral que, amparado en el fundamental artículo 28.1 de la Constitución española y gracias a la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985, logró superar definitivamente el sistema de relaciones laborales vigente en España durante 40 años de dictadura franquista basado en las desigualdades entre empresario y trabajador y en un poder omnímodo de las empresas para hacer y deshacer a su antojo sin importar las condiciones de vida de trabajadores y de funcionarios públicos.

Ajuste de cuentas apoyado por el neoliberalismo surgido en España en estos últimos años, liberado por fin de sus complejos y de clara inspiración en las políticas ultraliberales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan que se encuentran en el origen de la actual crisis económica y financiera, neoliberalismo, repito, que pretende cambiar el modelo social instaurado en España de protección social y de igualdad de oportunidades gracias a la Constitución de 1978 y al pacto social y económico que supuso la Transición de superación definitiva de la tradicional sociedad clasista española heredada, generación tras generación, desde el final de la Edad Media. La constante repetición en las tertulias televisivas y radiofónicas, así como por parte de políticos del Partido Popular, de la idea de que todos los males de la economía española devienen de la influencia de los sindicatos en la economía y política de los últimos 70 años no viene sino a reafirmar la importancia que ha tenido para España la existencia de los sindicatos en los cambios producidos, con importantes y fundamentales mejoras en la calidad de vida de los españoles que para algunos supuso el fin de un modelo que les hizo vivir muy bien.

Por otra parte, resulta obligatorio el análisis serio y riguroso del papel que los sindicatos van a tener en el siglo XXI, donde los movimientos sociales reivindicativos llevan tiempo organizándose al margen de ellos y donde su influencia en trabajadores y movimientos vecinales ha caído en picado. Se habla de la necesidad de un nuevo modelo político pero también debe suponer un nuevo modelo sindical.