E l saneamiento del sistema financiero español ha finalizado con un importante desembolso de recursos públicos que se estiman en cerca de sesenta mil millones de euros, incluidos los 11.839 millones que ha supuesto la venta al BBVA de Catalunya Banc. Esta cifra, que no es definitiva, afectará en un futuro al déficit de las cuentas públicas, y significará más recortes y más austeridad para poder cumplir con los objetivos del Programa de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, tal y como adelantábamos en un artículo anterior titulado Del gasto público.
Pues bien, a esto parece que se va a dedicar el Gobierno de Rajoy en la próxima reunión con los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera imponiendo medidas de racionalización del gasto que tienen que ver con la sanidad, la educación, el empleo público y la Administración, medidas que, aunque a algunos les parezca necesarias para equilibrar las cuentas, a otros nos parecen insuficientes si no van acompañadas de paquetes de inversión en infraestructuras, en el fomento de la investigación y en nuevas tecnologías. Sobre todo en aquellas comunidades que, por diversas razones, no han sabido gestionar sus recursos con eficiencia y racionalidad, una gestión asociada, en su mayoría de veces, al despilfarro y a la corrupción política. Y no nos referimos solamente a la Comunidad Valenciana, que también.
España necesita más inversión productiva de aquellos que pueden hacerla. Del Estado en cuánto a sus políticas con el resto de países de la Unión Europea y consiguiendo acuerdos necesarios para flexibilizar las condiciones de ajuste en las administraciones públicas, al límite en lo referente al sistema educativo y sanitario. Pero también de la que proviene del tejido empresarial privado ahora que el sistema financiero español, recapitalizado y rescatado, dispone de recursos suficientes para poder prestar a empresas solventes y viables.
Y más que esperar que uno, el Estado, haga todo el esfuerzo inversor, o el otro, la iniciativa privada, asuma un mayor compromiso para una recuperación económica muy necesitada de nuevos stocks de capital, lo conveniente sería más colaboración público-privada en estos asuntos como en aquellos que tienen que ver con el interés general y con el Estado de Bienestar, una colaboración basada, no en el amiguismo y el clientelismo político como hasta ahora se ha venido practicando en muchas comunidades, sino en una cultura basada en el esfuerzo innovador, la eficiencia económica y la transparencia. España necesita consumo interno para dejar la crisis de lado e iniciar un camino de crecimiento, pero también necesita ahorro e inversión para consolidarlo, y esa es una labor de las familias y de las empresas.
El acercamiento que las cúpulas empresariales vienen haciendo en los últimos meses hacia dirigentes socialistas, así como las críticas al Gobierno actual del PP en sus políticas de inversión, queremos entenderlas como una señal de confianza ante el posible relevo de los ejecutivos en unas próximas elecciones y como una apuesta por políticas económicas socialdemócratas, lejos de cualquier oportunismo en busca de ganancias o de volver a prácticas propias de un capitalismo de amigos.
