Ahora que se ha iniciado el trasvase de agua del azud de la Marquesa, en la desembocadura del Júcar, al río Vinalopó para salvar arbolado principalmente por la mala calidad de un agua que no sirve para otros usos, se han redoblado las voces de protesta de los agricultores valencianos que hablan de que la Hoya de Buñol también padece sequía y ella debe ser prioritaria. ¿Por qué? Simplemente por el sentido patrimonialista del agua que no se considera un bien común de todos sino propiedad de los ciudadanos por donde discurre un caudal. Este concepto, no lo olvidemos, se escucha igual en Castilla-La Mancha cuando se repudian los aportes del Tajo-Segura pero se olvida otra aportación, la del Producto Interior Bruto que hace que una Comunidad como la nuestra ceda parte de su riqueza para paliar las carencias de la vecina, en una palabra, que damos al Estado más de lo que recibimos a pesar del descenso de nuestra renta per cápita por debajo de la media nacional.

No es nueva sino que viene de muchos siglos atrás, y documentada queda, la negativa sistemática del mundo agrario y político valenciano a que a la provincia de Alicante lleguen aguas, casi siempre consideradas excedentarias, de la cuenca del Júcar. Y que nadie habla de provincianismo antivalencianista porque en este mundo hay separatistas y separadores por lo que actitudes insolidarias son las que generan movimientos de rechazo hacia el Cap i Casal.

Existe una plataforma muy activa llamada «Xúquer Viu» que está integrada por los partidos de izquierda de la Ribera, desde el PSPV-PSOE a ERC-PV, pasando por IU y sindicatos hasta de Enseñanza, que se niega sistemáticamente al trasvase Júcar-Vinalopó y en su página web reconoce que se creó en diciembre de 2003 para luchar por su paralización. Muy recientemente han manifestado que como al Júcar no le sobra ni gota, no se nos debe dar ni gota a los alicantinos.

Ante todo ello, no parecería descabellado pensar que el agua de Alicante, una tierra tan necesaria de la misma, revierta en nuestra propia provincia. Resulta que los dos mayores embalses alicantinos abastecen a otros territorios, el de La Pedrera de Orihuela, con nada menos que 246 hectómetros cúbicos de capacidad, al Campo de Cartagena con algún aporte menor a municipios de la Vega Baja; pero el quid de la cuestión está en el de Beniarrés sobre el río Serpis, el mayor de los de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Alicante aunque sólo con un diez por ciento de capacidad respecto al anterior. Pues bien, el cien por cien de sus aguas, casi siempre bien surtidas, se utiliza para regar las huertas, sobre todo de cítricos, de la rica comarca valenciana de la Safor cuya capital es Gandía.

No se trata aquí de manifestar la insolidaridad que muestran nuestros vecinos del norte sino de hacer recapacitar sobre algo obvio aplicando las mismas teorías. El Serpis nace en la provincia de Alicante y se embalsa en ella; correcto, quédese Valencia con el Júcar, riegue con él la cercana comarca de la Safor y que las aguas de Beniarrés vayan a la cuenca del Vinalopó. Agua alicantina para el campo alicantino, sin más. ¿A que a los agricultores del sur de Valencia les parecería una barbaridad. Pues que piensen que es del mismo calibre de la que proclaman sus paisanos.

Lo que resulta una triste paradoja es que una provincia tan necesitada de agua como la nuestra, envíe la embalsada que posee a Valencia y Murcia. De tan solidarios parecemos imbéciles.