En la Comunidad Valenciana no parece haber ningún sector desde urbanismo hasta las basuras o la depuración de aguas, pasando por la visita del Papa o la ayuda a los pobres del Tercer Mundo, donde no aparezca una rama corrupta con alguien del Partido Popular salpicado o directamente imputado. El saqueo de lo público al objeto de hacer rentables negocios privados, para a renglón seguido repartirse beneficios, está llegando a unos niveles que a muchos nos resulta del todo infumable.

En estos días, los medios de comunicación nos han revelado las conversaciones intervenidas por la policía en las que Vicente Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas, y el empresario Enrique Ortiz, copropietarios de varias residencias de ancianos, tenían, presuntamente, interés en conseguir que la Generalitat Valenciana cortase el grifo de las «ayudas a mansalva» a las familias de dependientes al objeto de poder llenar sus centros. Parecía que los ciudadanos estábamos saturados de estupor ante la corrupción valenciana, pero lo cierto es que noticias como ésta le hielan la sangre a cualquiera. Al menos a cualquiera que recuerde las incontables ocasiones en las que los colectivos afectados han salido a la calle a denunciar los retrasos y las denegaciones a las ayudas y prestaciones que, entre 2009 y 2013 se han reducido en un 35%.

Es evidente que la ambición de Ortiz, principal dueño de suelo urbanizable de Alicante y el mayor proveedor de servicios de la ciudad, no conoce límites a la hora de cebar ventajas y de concertar pelotazos. Conviene sin embargo que subrayemos que, este tipo de desmanes y de abusos cometidos por el ambicioso empresario, necesariamente se cometen a la sombra del gran poder, y es el gobernante quien tiene la responsabilidad última. Hay que decir sin ambages, que la anomalía valenciana ha emergido como mucho más que una simple anécdota sobre desviación y abuso de poder. El episodio Ortiz es uno más de tantos que revelan un sistema político que, descansando en instituciones democráticas, se ha servido y se sirve de mecanismos irregulares: clientelismo, corrupción, neopopulismo, para establecer una hegemonía partidista que hasta ahora estaba destinada a perpetuar en el Gobierno al Partido Popular. Digo hasta ahora, porque no puede negarse el hecho de que ya apunta y se percibe un cambio político. Ciertamente, se necesita con urgencia una regeneración muy profunda de la vida democrática, porque la democracia que hoy tenemos no es sino una auténtica distorsión de los principios que a todas luces deberían sustentarla, cuando no, una caricatura de sí misma y empresarios como Ortiz no son más que el perejil de la peor salsa.