Si la Generalitat Valenciana fuera una empresa privada, debería estar en estos momentos incursa en un procedimiento concursal en fase de liquidación, y seguramente y en virtud del artículo 164 de la Ley Concursal, calificado como «concurso culpable». Obviamente todos los gestores de la empresa habrían pasado a engrosar las listas del paro y además, posiblemente, alguno de ellos, imputado en algún procedimiento penal por responsabilidad societaria. Pero para alivio de todos, la Generalitat no es una empresa privada.
Con un déficit del 2,33% y una liquidación del presupuesto con pérdidas de 3.399,47 millones de euros, la Generalitat tiene urgencias económicas, y una de las consecuencias a las que se ve obligado el gobierno valenciano es a vender patrimonio, y no sólo propiedades inmobiliarias como solares o locales, sino también otro mucho más significativo como los bienes de RTVV, el circuito de velocidad Ricardo Tormo o la Ciudad de la Luz.
El aeropuerto de Castellón costó a la Generalitat (nos costó a todos los valencianos) más de 150 millones de euros. Después de tres años sin actividad y por ende, sin ninguna rentabilidad, el aeropuerto de Castellón recibirá el primer vuelo antes de fin de año. Antes de final de año llegará el primer avión al aeropuerto de Castellón. Parece que esta vez es la definitiva, según reza el contrato que acaba de firmar la Generalitat Valenciana con la empresa canadiense que lo va a gestionar, a cambio de 24 millones de euros. Un negocio «redondo».
Terra Mítica ha sido otro de los «grandes» negocios de la Generalitat. El expresidente valenciano Eduardo Zaplana tuvo el sueño de un faraón: Terra Mítica. Este gran parque de atracciones en Benidorm abrió las puertas en julio del año 2000, pero lejos de ser un lugar para la fantasía, se convirtió en todo un agujero de pérdidas para los valencianos. Doce años más tarde formalizaba la venta a manos privadas de su parte en el complejo. Atrás quedaban años de inyecciones millonarias para salvar este faraónico Disneyland valenciano, suspensiones de pagos, facturas falsas, etcétera.
El último gran fracaso de la gestión de la Generalitat se llama: Ciudad de la Luz. La Ciudad de la Luz es uno de los mayores fracasos de la Generalitat Valenciana y el mejor ejemplo de cómo una errática gestión sin una estrategia adecuada hundió una inversión de 265 millones de euros. El sueño de Luis García Berlanga se ha convertido en una pesadilla.
La elección de la ciudad de Alicante fue una decisión personal del expresidente Eduardo Zaplana y ha sido uno de los lastres que ha arrastrado el proyecto. La propuesta inicial de Berlanga pasaba por ubicar los estudios en Sagunto para aprovechar tanto los profesionales valencianos como beneficiarse de la relativa cercanía de técnicos y artistas de Barcelona y Madrid.
Al desplazarla al sur prácticamente se descartó la presencia de profesionales de estas ciudades y se encarecieron los costes de producción de los filmes. Salvo contadas excepciones, los profesionales del audiovisual que vivían en la capital alicantina tenían todos trabajo. Y los que no, carecían de experiencia.
La Ciudad de la Luz de Alicante comenzó su andadura en 2000. Pese a ser un proyecto netamente público, desde el inicio la Generalitat Valenciana intentó dar cobijo a la iniciativa privada. El primer paso fue externalizar la gestión. Sin embargo, todos los pasos dados en este terreno han estado envueltos en la polémica y han acabado en los tribunales.
El paradigma de este fallido intento de privatización ha sido la externalización de la gestión, concesión otorgada a la firma Aguamarga de Gestión de Estudios, primero en calidad de asesor y a partir de 2004 como gestor.
Siete años después, la mercantil Aguamarga entró en concurso de acreedores el 16 de diciembre de 2011. La sociedad justifica el expediente por los impagos del canon del Consell y reclama cuatro millones por facturas pendientes desde agosto de 2009. El Consell rebaja la cifra a 2,5 millones.
Además, Ciudad de la Luz tiene que hacer frente a cinco causas de varios proveedores, que reclaman unos 15 millones.
La Ciudad de la luz tiene pendiente otro litigio, en este caso vinculado su génesis: la expropiación de los terrenos (2.356.965 metros cuadros, al sur de Alicante). Los 70 dueños discrepan de la valoración del suelo y han acudido a los tribunales. El Tribunal Supremo declaró nula la expropiación por no estar motivado el uso del suelo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia elevó valor hasta los 290 millones. El Consell pagó a 21 euros el metro.
Como colofón final, el Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado este jueves que las ayudas públicas de 265 millones de euros concedidas por el Gobierno valenciano a los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz (Alicante) son ilegales y por tanto deben ser recuperadas.
En definitiva España deberá recuperar 265 millones de euros invertidos en la creación de este centro audiovisual, que se encuentra ahora en liquidación, por lo que se espera que el importe se devuelva a través de la venta de sus activos. Y como de costumbre, aquí no dimite nadie.
