Del gasto público

De gran trascendencia para los ciudadanos debemos señalar aquellas que se refieren a la reducción del déficit público, en tanto en cuanto van a suponer nuevos recortes del gasto que, sin duda, tendrá efectos en la sociedad en su conjunto. El Consejo, entre otras medidas, recomienda «realizar, antes de febrero de 2015, una reducción sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público».

En estos momentos, el objetivo para 2014 es situar el déficit presupuestario español en el 5,5% del PIB, frente al 6,6% registrado a finales de 2013. Por otra parte, el Programa de Estabilidad y Crecimiento de la Unión fija que para 2015 el déficit debe ser del 4,2% y en 2016 del 2,8%, con el compromiso de ir reduciéndolo anualmente hasta alcanzar el equilibrio presupuestario estructural para 2020. Parece evidente, pues, que a los españoles aún nos queda un largo camino de ajustes y reformas para cumplir con los compromisos europeos, con un esfuerzo adicional antes de febrero de 2015.

A tenor de las políticas económicas que recomienda el Consejo Europeo para España, la corrección del déficit ha de venir más por aplicar medidas eficientes en el control del gasto que en equilibrar las cuentas a través de una mayor recaudación fiscal, y aunque aconsejan subir el tipo impositivo del IVA y los impuestos que gravan los combustibles, también recomiendan la posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, lo que a nuestro entender vemos como un acierto para la creación de empleo. Parece ser que el Gobierno, con la última reforma fiscal aprobada, desoye a la Comisión en este punto, lo que nos hace preguntarnos qué tipos de medidas a corto plazo tiene previsto emplear y a qué sectores afectará más. Más allá del 2016 parece claro que se confía en que futuras reformas estructurales ayuden a una recuperación económica que haga crecer la economía y reducir el desempleo y, por tanto, un mayor consumo que aumente de la recaudación a través de su vía impositiva indirecta.

Se trata, pues, del gasto público y de su evolución, en tanto en cuanto afecta a nuestro Estado de Bienestar y al sistema económico, de ahí que su eficiencia y equidad sea una cuestión fundamental que debería ser asignatura imprescindible para todo gestor público. Pues bien, aunque existen muchas teorías explicativas sobre el crecimiento del gasto público, en España parece evidente que priman las teorías por el lado de la oferta, es decir, hipótesis asociadas al proceso político-administrativo y a la existencia de un sesgo en sentido ascendente del sector público en la economía nacional. La burocracia, el ciclo político-electoral, la ideología del partido gobernante y la descentralización fiscal y administrativa son las causas principales del incremento del gasto público en España, sin descartar el enfoque marxista y los vínculos existentes entre los sistemas políticos y económicos como determinantes en el crecimiento del Sector Público al establecer causa efecto entre la sobreproducción capitalista y la expansión del gasto público.

Sin embargo, el problema de los desequilibrios presupuestarios que el país viene manteniendo desde el estallido de la crisis en 2008 tienen que ver, no tanto con la falta de ingresos como consecuencia del menor crecimiento económico, que también, sino por la contrastada ineficiencia del sector público, donde los procedimientos incrementales y la maximización de los presupuestos por parte de los burócratas, las promesas de los partidos políticos que, en aras de atraerse el mayor número de votos, generan un aumento del gasto público, y la ilusión fiscal que lleva al contribuyente a subestimar el coste fiscal real de cualquier proyecto y al gestor en aumentarlo irresponsablemente, han sido factores decisivos en el déficit actual de las cuentas públicas.

Es en la eficiencia del sector público en la prestación de servicios donde los gobiernos deben incidir para corregir los desequilibrios y no tanto en las políticas que afectan a la redistribución de la renta y de la riqueza, imprescindibles si se quiere combatir eficazmente la pobreza y las desigualdades sociales. Para conseguir esa eficiencia se precisa, en primer lugar, implantar medidas operativas para la limitación del gasto en los niveles inferiores de la Administración así como un mayor control sobre el proceso de ejecución presupuestaria para que, además de poner coto a las corruptelas implícitas muchas veces en la práctica burocrática, no haya que recurrir con tanta frecuencia a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Sería deseable por parte de sus responsables un mayor ajuste entre las previsiones y las realizaciones de gasto.

Pero será una profunda reforma del sector público nacional y no los parches que viene aplicando el Gobierno del Partido Popular la que puede frenar el excesivo crecimiento del gasto público en España y, consecuentemente, reducir el elevado endeudamiento, corrigiendo las ineficiencias tanto técnicas como de costes que se observan en la actividad pública y estableciendo mecanismos de transparencia y de control independientes que eviten el despilfarro y las duplicidades en las administraciones públicas al tiempo que procuran su modernización. Y por supuesto, todo ello requiere más formación a quienes tienen la responsabilidad política de asignar presupuestos para aplicar algunas técnicas de análisis antes de aventurarse, sin más, al recorte indiscriminado del gasto que siempre perjudica a los más vulnerables o al derroche inversor para favorecer a los clientes-amigos del partido en el poder.