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¡Larga vida a la constitución!

La abdicación de Juan Carlos I a la Jefatura del Estado y el advenimiento a la Corona de España de Felipe VI ha suscitado un intenso debate mediático y político, con amplia transcendencia entre la ciudadanía, que está haciendo correr ríos de tinta informativa dada la mezcla morbosa de sangre real, políticos oportunistas, papel couché, momento histórico y cambio generacional. Mucho se habla de los nuevos retos del nuevo Rey, poco de la valoración del reinado anterior. ¡Es normal! ¡Lo importante es el futuro! Sin embargo, en este punto tenemos que ser conscientes que el papel institucional del Rey Don Juan Carlos, a lo largo de los 39 años de reinado, ha sido totalmente irreprochable, intachable e impecable. Ningún otro monarca, en mil quinientos años de historia hispánica, desde Ataúlfo, el visigodo, hasta Alfonso XIII, ha tenido la trayectoria modélica de Juan Carlos I en el cumplimiento de su deber al servicio de la ciudadanía.

En este sentido, su heredero, con mucha mejor formación y preparación, tiene el camino marcado por la estela de su padre, pero sobre todo por el imperio de la Ley. La Constitución de 1978 y las correspondientes leyes que desarrollan el papel de la Corona establecen las funciones del rey en la vida pública de nuestro país. Por tanto, retos políticos para el nuevo monarca, ninguno. Ni siquiera el «problema» catalán, que debe ser abordado exclusivamente desde el prisma político, por los representantes de los ciudadanos. De ellos, de sus convicciones, de su grandeza de mira, de su capacidad de negociación y de su sentido de Estado dependerá la resolución definitiva de las perennes y sempiternas reclamaciones nacionalistas.

Sin embargo, el principal, y más importante, reto institucional al que debe enfrentarse el nuevo monarca es el de la imagen de la Corona. Si en el exterior, goza de un prestigio internacional incuestionable; en el interior, los escándalos y asuntos turbios de elementos afines a la Familia Real, han empañado esa imagen. Circunstancias que en lugar de ser esclarecidas por una Justicia imparcial que determine el delito y la pena, al igual que en el caso de cualquier español, han sido aprovechadas por aquellas formaciones políticas que son conscientes de sus escasas o nulas posibilidades para alcanzar la responsabilidad del Gobierno de la Nación para cuestionar, con peregrinas argumentaciones, el sistema político establecido por la Constitución de 1978. Aplicando el silogismo jurídico de «negación de la mayor», han pretendido poner sobre el mantel de la actual vida pública española el debate artificioso y estéril entre Monarquía y República; identificando, de forma maniquea, a la primera casi como una monarquía absoluta y a la segunda, como la panacea a todos los males del país, incluida la corrupción. Todo con el único fin de combatir el bipartidismo y tener opciones en el «asalto a palacio». Y lo que es más grave, en esta huida hacia adelante, se han propuesto arrastrar a muchos desencantados e indignados por las injusticias del sistema, quienes hartos de políticos y partidos aspiran a solucionar todos los problemas cambiando a un rey por un presidente.

La sucesión en el trono de España es un hecho histórico. Es innegable. Pero también tenemos que ser conscientes de que vivimos en un más que interesante momento histórico en la vida política de nuestro país. ¡La Transición ya es historia! En la historia de España se abre una nueva etapa. Nuevas formaciones políticas tocan a la puerta de la vida pública e irrumpen en las calles. La corrupción, los escándalos económicos de partidos y sindicatos no han dejado indiferente a los ciudadanos, sino todo lo contrario. La crisis económica y sus secuelas de recortes y reajustes, así como la desconfianza hacia la clase política y los partidos mayoritarios han conseguido despertar a la ciudadanía. Los ciudadanos piensan y quieren expresar su opinión. Hoy, una nueva generación de jóvenes españoles clama por participar en la vida política. ¡Hay ganas, hay ilusión!

De todo ello debe ser consciente Felipe VI. El nuevo monarca tiene ante sí el reto de demostrar qué es y para qué sirve un rey en el siglo XXI; debe saber identificar a la Corona y por extensión al Rey como la figura institucional, no sujeta al partidismo político, que representa a todos los ciudadanos de España, además de su concepción como elemento de cohesión territorial y ciudadana. El Rey debe ser el primer embajador e imagen intachable de España allende nuestras fronteras; el representante de una historia milenaria común, de una variada y rica cultura hispánica, con mucho futuro por delante. ¡Larga vida a la Constitución Española!

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