Uno de los efectos más palpables y dramáticos de la crisis y los recortes que ha llevado a cabo el Gobierno del PP se está manifestando en un aumento de la pobreza, la exclusión social y las desigualdades. Este problema se agrava especialmente entre la población infantil y los más jóvenes. Aunque nos parezca increíble, España es hoy el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía, según el informe que Cáritas Europa presentaba el pasado mes de marzo. Los datos de la entidad hablan de un 28,2% de población en riesgo de pobreza, porcentaje que llega a casi un 30% en el caso de los más pequeños.
Las estadísticas que manejan otros organismos, como el Consejo Económico y Social (CES), son prácticamente idénticos. Ambas instituciones han puesto sobre la mesa su enorme preocupación por estos niveles de pobreza infantil, si bien, a la vista de ciertas declaraciones, para el Gobierno y para el Partido Popular parece que es algo inventado. Para ellos no existe. Por lo que, partiendo de esta premisa, la política que se practica es la no toma de decisiones.
Hay otro dato no menos relevante, que recoge el CES en su informe y que incide muy directamente en este aumento de la pobreza y la exclusión social: España se mantiene por debajo de la media europea en gasto de prestaciones sociales. De hecho, la ratio de cobertura de las prestaciones por desempleo ha ido cayendo hasta el punto de que actualmente cinco de cada diez parados no cobra prestación alguna. Es decir, la mitad de los parados ya no recibe ningún tipo de ayuda. Sin ir más lejos, en la provincia de Alicante, según el sindicato UGT, los parados sin prestación (50,8%) superan ya a los que cobran algún tipo de subsidio.
Pero aún hay más datos que constatan cuál es hoy la realidad de nuestro país frente a esa otra «realidad virtual» que cada día se nos publicita desde el Gobierno, así como desde comunidades autónomas y municipios, como el de Elche, gobernados por el PP. Esta realidad social también ha sido objeto de análisis por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta de Condiciones de Vida de 2013, cuyos distintos apartados han dado origen en estos días de múltiples reportajes, artículos y comentarios en medios de comunicación. La encuesta recoge indicadores sobre la situación económica de los hogares de la Comunidad Valenciana y, si extrapolamos las estadísticas a la población y situación socioeconómica de Elche, se estima que, por ejemplo, en nuestra ciudad hay más de 14.000 menores de 16 años que se encuentran en riesgo de pobreza y más de 35.000 familias no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos; casi 10.000 tienen retrasos en los pagos relacionados con el pago de la vivienda principal y más de 17.000 se encuentran con muchas dificultades para llegar a fin de mes.
Considero que todos estos indicadores no pueden ser valorados como simples y frías estadísticas. No podemos quedarnos impasibles ante ellos. Reflejan claramente de qué manera los recortes en los presupuestos sociales, sanitarios y educativos, junto con la caída de los ingresos familiares y el descenso de la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo, han generado un preocupante aumento del riesgo de pobreza en las familias. Detrás de estas cifras hay personas con nombres y apellidos, situaciones particulares delicadas unas veces, dramáticas otras, a las que la hay que dar una respuesta. La respuesta no puede ser cuestionar la validez de los informes y los estudios.
Ante este panorama, considero que las distintas administraciones públicas, de forma coordinada, deben demostrar un esfuerzo mayor en la inversión en políticas sociales correctoras de estas desigualdades. Pero una cosa son las medidas sociales basadas en programas preventivos -no sólo paliativos- con la suficiente dotación presupuestaria y unos criterios de acción transparentes, solidarios y equitativos, y otra las ayudas puntuales para, por ejemplo, costear las becas de comedores escolares durante el verano. No se trata de rechazar sin más este tipo de iniciativas (de eso ya se han encargado algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP alegando que estos comedores no son necesarios), pero sí de decir en voz alta que suenan más a una variante de la caridad para aliviar conciencias.
Por eso, no me extraña que Cáritas, en Elche, haya salido al paso reclamando que las ayudas para comedores escolares en julio y agosto se destinen directamente a las familias necesitadas, calificando la iniciativa del Ayuntamiento de «más populista y electoralista que efectiva». Efectivamente, la erradicación de la exclusión social y las crecientes desigualdades no deben quedar en manos de la caridad y la beneficencia, sino que deben ser producto de la aplicación y desarrollo de los derechos sociales contemplados en la Constitución.
Y mientras todo esto está pasando hoy, en nuestro país, en la Comunidad Valenciana, y en Elche, el Gobierno de Rajoy anuncia a bombo y platillo que va a devolver 1.300 millones de euros del rescate bancario, sin que sea obligatorio en este preciso momento efectuar tal devolución. ¿Por qué no se destina ese dinero a las familias más necesitadas y empobrecidas, a las urgentes necesidades sociales?, nos preguntamos muchos. La respuesta es clara: La derecha tiene otras prioridades. El PP está más pendiente de los mercados que de los ciudadanos. Por eso es necesario insistir, hoy más que nunca, que ni todos los políticos son iguales ni todas las políticas son iguales. No es lo mismo afrontar estas situaciones desde la indolencia que demuestran Mariano Rajoy, Alberto Fabra y Mercedes Alonso a hacerlo desde la política social concebida como un derecho para corregir desigualdades y desde el fomento de servicios públicos de calidad, que siempre han caracterizado las políticas del PSOE. Por eso, desde la izquierda es preciso que se alce la voz y que se diga con claridad que, la respuesta de los poderes públicos contra la pobreza y la exclusión social ha de ser política social y no caridad.
