Desde que el pasado 2 de junio el Rey Juan Carlos anunció su decisión de abdicar en su hijo y sucesor Felipe de Borbón, venimos asistiendo a una agobiante campaña en la prensa escrita y en las cadenas de TV cargada de elogios desmesurados al reinado de Juan Carlos, dando por sentadas afirmaciones más que dudosas y escasamente rigurosas desde el punto de vista histórico, como que el rey Juan Carlos trajo la democracia, paró el intento de golpe de Estado del 23F o que la monarquía es la institución que garantiza la estabilidad institucional en España. Por si fuera poco, unas encuestas «cocinadas ad hoc», que no concuerdan para nada con las que se publicaron tras el caso Noos y el episodio de la cacería en Botswana, pretenden convencernos de que los españoles son mayoritariamente monárquicos.
Olvidan los corifeos señalar que los ciudadanos españoles estamos inmersos, sin quererlo, en la mayor crisis institucional, política, social y económica de la historia reciente de España, que hay seis millones de parados, que hay más de tres millones de españoles en el umbral de la pobreza, que estamos ante una situación de corrupción generalizada que afecta a los dos partidos que sostienen el actual régimen y a la propia institución monárquica. Olvidan, en definitiva, que somos una sociedad cada vez más madura políticamente y que son cada vez más los ciudadanos que piensan y que piensan que este régimen está agotado y no da más de sí.
El principio fundamental de la democracia es que «la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes». Este principio exige que el pueblo se manifieste en los momentos trascendentales en la vida de un país y éste lo es sin duda en el nuestro. Una encuesta señalaba estos días que el 62% de la población española manifestaba su deseo de ser consultada sobre la forma de Estado. Si además el 70% de la población española no ha votado esta Constitución y el artículo 92 dice que «las decisiones políticas de especial
trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos», ¿qué razones impiden la consulta al pueblo?
El Gobierno del PP intenta convertir la actual Constitución en un muro y un dogma inmutable. Por su parte el PSOE ha justificado su posición apelando a su fidelidad al consenso y al pacto constitucional, roto y vulnerado cuando aprobó la modificación del artículo 135 de la Constitución, a costa de la infidelidad a sus «raíces profundamente republicanas» aludidas por Rubalcaba.
La ley orgánica que revalida la abdicación del Rey Juan Carlos, como paso previo a la sucesión hereditaria en la jefatura del Estado, fue aprobada el día 11 por el 85% de los diputados, esencialmente del PP y el PSOE, partidos que hoy, tras perder más de cinco millones de votos en las recientes elecciones europeas respecto de las de 2009 (entonces representaron el 80% de los votos), ya no llegan a representar ni el 50% del voto ciudadano. No parece pues consecuente ni democrático que fuera el actual parlamento el que debiera decidir un asunto tan importante como es éste de la forma del Estado, legitimando así la sucesión hereditaria de Felipe de Borbón como Rey de España.
La decisión sobre República o Monarquía corresponde al pueblo en una consulta solemne, tras un debate plural y democrático .
El vergonzoso pacto secreto entre el PP y el PSOE para acelerar el relevo en la monarquía y aforar al Rey Juan Carlos, a la vista de los resultados de las elecciones europeas del 25M y de la incapacidad para dar respuesta al derecho a decidir de Cataluña, es la demostración más palpable de la descomposición de un régimen viejo y desacreditado, incapaz de regenerarse, que ya no puede dar respuesta a las necesidades políticas de cambio que necesita este país.
El PSOE acaba de traspasar la línea roja que le coloca junto al PP como partido dinástico, como partido del «viejo régimen». Su apoyo a la sucesión monárquica es un paso más hacia la «gran coalición» con el PP a la que se ve arrastrado por su sector más conservador, tras la vergonzosa modificación pactada del artículo 135 que tanto sufrimiento ha traído y eso la ciudadanía lo percibe y lo va a tener muy en cuenta en las próximas elecciones.
La situación actual de crisis institucional, política y económica y social no se arregla reformando y apuntalando lo viejo para que todo siga igual. Sólo unas Elecciones Generales con carácter de constituyentes pueden dar satisfacción a la nueva realidad política y a la exigencia de una sociedad profundamente democrática.
Si no se hace ahora, Esquerra Unida lo planteará para las próximas elecciones, cuando exista en España una correlación de fuerzas políticas diferente a la actual, y defenderá la República Federal.
El derecho a decidir no se puede hurtar a las nuevas generaciones y al pueblo en un momento trascendente de la historia de España como éste.
