Las clarificadoras aportaciones de nuestro amigo Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de la Universidad de Alicante, sobre este tema, nos impulsan a revisar y ampliar nuestras indagaciones sobre la inicua condena a muerte del poeta.
De entrada, es preciso inscribirla en la campaña de persecución y exterminio de los partidarios y defensores de la República que mediante los denominados juicios militares sumarísimos que se llevó a cabo tras el inicio de la sublevación fascista de 1936 que, hasta 1945, tuvieron lugar en más de 130.000 ocasiones y que continuaron llevándose a cabo hasta la muerte del dictador.
No deja de ser significativo que el tribunal que se asigna a Miguel Hernández sea el de Prensa, y debemos relacionarlo con las declaraciones del general Franco que, antes de conquistar Madrid, había afirmado que, a fin de controlar las actividades de todos los periodistas que habían permanecido en el territorio republicano, dictaría leyes en extremo severas para «los que hubieran azuzado al pueblo a cometer desmanes» y, en efecto, el régimen franquista ejerció una implacable represión sobre aquellos que se habían manifestado contrarios a su ideología totalitaria. A este propósito, el Tribunal de Prensa se ubicó en el edificio propiedad de la Asociación de la Prensa, situado en la plaza de Callao, y, para atender sus necesidades de personal, incrementó notablemente su dotación, nutriéndose de jueces procedentes de las plantillas de la justicia ordinaria, y precisamente el juez Manuel Martínez Gargallo había superado las pruebas para acceder al cuerpo jurídico, en 1931, con anterioridad a la proclamación de la República, y había desempeñado sus funciones en Murias de Paredes, población que en aquel tiempo disponía de Juzgado de Primera Instancia y, posteriormente, sería trasladado a Cebreros.
Tras la sublevación de 1936 se pasó a la zona rebelde, en la que fue destinado a Calahorra. Su designación como capitán jurídico y su destino al tribunal de prensa parece totalmente congruente con sus conocimientos sobre aquellos a los que debía juzgar (periodistas, dibujantes y escritores) y con la ideología que le había impulsado a desertar y pasarse a los que estaban bajo el mando de los generales sublevados, en cuyo seno obtuvo un santificativo ascenso que supuso, además, acceder a un destino muy alejado de los ubicados en poblaciones tan alejadas del Madrid como en las que había desempeñado con anterioridad su magistratura .
En cuanto a su actuación en el proceso a Miguel Hernández, Juan Guerrero Zamora en su libro El proceso de Miguel Hernández opina que fue minuciosa y pertinaz, dando la impresión que el designado como titular del Juzgado de Prensa conocía la actuación y la significación política y literaria de Miguel. La lectura del auto resumen que el juez instructor elaboró describe con todo detalle las actividades del poeta que según la jurisprudencia franquista anticipaban su condena a muerte, teniendo en cuenta sus labores injuriosas y contrarias al movimiento nacional, como la firma de manifiestos contrarios a sus intereses y su participación en el asalto al Santuario de Santa María de la Cabeza, su insinuada actuación como comisario político, y sus tendencias notoriamente contrarias a la sublevación.
En cuanto a la intervención del Manuel Martínez Gargallo en otros procesos sumarísimos se ha señalado que incluso llegó a provocar el agravamiento de la condena del periodista Diego San José, que condenado inicialmente a doce años de cárcel fue finalmente condenado a muerte gracias a la intervención de Manuel Martínez, constatándose así que fue un juez totalmente comprometido con las ideas que justificaban la sublevación.
Otros integrantes del Consejo Sumarísimo en el que, según Alonso de Guzmán, en hora y media fueron juzgados veintinueve reos, de los cuales diecisiete fueron condenados a muerte, participaban igualmente del espíritu represivo que justificaba este tipo de condenas, su presidente, el comandante Pablo Alfaro Alfaro, que presidió otros muchos consejos sumarísimos, fue nombrado en 1940 juez de Primera Instancia de San Vicente de la Barquera, y aún más interesante y reveladora es la personalidad de uno de los vocales del Consejo, Ignacio Díaz Aguilar, que en 1971 dirigió una carta pública a Gregorio Peces Barba, con motivo de la publicación en un número extraordinario de Cuadernos para el Diálogo, en la que defendía la legitimidad de estas farsas, y al que, en 1987, el ministro de Defensa, Narcís Serra y Serra, concedió al que entonces ya había conseguido ascender hasta la categoría de General Consejero Togado del Ejercito del Ejército de Tierra la Gran Cruz del Mérito Naval en atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona-
En la concesión de tan eminente recompensa podemos encontrar una de las razones de las negativas respuestas a las solicitudes de anulación de la condena a muerte a Miguel Hernández y de la debilidad y permanente vigilancia que determinados poderes han ejercido y continúan ejerciendo sobre nuestra limitada democracia.
