El secuestro de más de 200 niñas nigerianas y la amenaza de venderlas a 12 euros como esclavas está movilizando a la comunidad internacional contra la banda radical islamista de Boko Haram. Sería magnífico que hubieran sido rescatadas cuando este artículo vea la luz, pero la conmoción global no debe desarticularse, sino seguir luchando por la creación de una red para la vigilancia y represión permanentes de toda forma de acción política, comercial o terrorista que haga presa en los menores como medio de alcanzar cualquier fin. Solapados o, como en este caso, publicitados, tales crímenes son cotidianos e innumerables. Aunque se limiten a culturas concretas, atañen sin excepción a la conciencia humana. El simple horror no redime si no engendra la voluntad de impedir que se repita.
En el mundo desarrollado nada es comparable con esa perversión, pero la ejemplaridad disuasoria tiene que sobrepasar intereses, conveniencias y relaciones políticas o económicas. Una vez más hay que lamentar los frenos a la justicia universal, que en supuestos de esta naturaleza encontraría el consenso internacional adecuado para marcar un principio y progresar paulatinamente en sus ámbitos de aplicación. Ni una legalidad merece respeto, ni una cultura comprensión, si no penalizan con el máximo rigor todas y cada una de las agresiones perpetradas en menores. Es la hora de acabar con los variados salvajismos supervivientes en culturas milenarias, como si el tiempo y las globalizaciones fueran impotentes para instaurar reformas coercitivas.
Aunque nada sea comparable, tenemos en España la fortuna de saber en puertas parlamentarias un conjunto de leyes de protección del menor en cuyo trámite deberían dimitir los intereses partidistas. Todo proyecto es perfectible y para eso está el debate parlamentario. Pero siempre será mejor pasarse que quedar corto en previsiones de esta trascendencia, incluso si determinados preceptos parecen ingenuos o redundantes.
El casuismo de la realidad siempre va más allá de lo técnicamente previsible y regulable, y por ello hay que extremar las cautelas sin sobrepasar las condiciones de desarrollo equilibrado ni la espontaneidad de los comportamientos infantiles en el seno familiar, educacional y social. Si alcanzamos la legislación protectora más avanzada del mundo siempre lamentaremos menos el exceso que el defecto.
