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El PP alecciona a sus cargos locales para evitar nuevos casos de financiación ilegal

La cúpula provincial distribuye un manual entre sus agrupaciones en todos los municipios con medidas para garantizar que el manejo de los fondos electorales se realiza conforme a la ley

El PP alecciona a sus cargos locales para evitar nuevos casos de financiación ilegal

Necesitado de ofrecer imagen de «limpieza» de cara a un año en el que se juega su futuro en las urnas, la dirección del PP se ha marcado el objetivo de garantizar un uso correcto del dinero que se utiliza para sufragar las campañas electorales. En plata, a las puertas de tres citas con las urnas decisivas, los populares van a tratar de evitar nuevos casos de financiación ilegal como las que a día de hoy se investigan en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) en el marco del sumario de la trama Gürtel. No están dispuestos a que les exploten más problemas en un momento clave: el más complicado para el PP desde que llegó a la Generalitat en 1995.

La cúpula provincial popular ha enviado a todas sus agrupaciones locales un manual para que el manejo de los fondos dedicados a las próximas campañas se realice conforme a la ley, cuya última modificación es reciente. «Queremos que todo el mundo lo haga bien. Ese es el objetivo», resumieron fuentes del PP.

El documento remitido a las organizaciones locales de los populares, entre otras cosas, ofrece directrices sobre la fórmula para contabilizar los gastos de campaña, alecciona a los cargos locales sobre la diferencia entre el dinero que se utiliza para financiar los procesos electorales y el que sirve para cubrir las facturas ordinarias y establece los pasos a seguir para la apertura de cuentas bancarias a través de las que se realicen transacciones que permitan atender las finanzas de la campaña. Oficialmente, los populares alicantinos toman medidas para que sus cargos locales, de acuerdo con ese informe que es una adaptación de otro elaborado a su vez por Génova, sigan «el modelo de gestión de fondos que deben utilizar de acuerdo con la ley».

Sin embargo, a nadie se le escapa que, en estos momentos, la formación arrastra dos sumarios abiertos en el TSJ -uno sobre las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y otro vinculado a las generales de 2008- por una supuesta financiación ilegal ligada a la trama Gürtel. En sus últimos informes, la Agencia Tributaria, incluso, cuestionaba la gestión de actos electorales durante esas dos campañas en municipios de la provincia -Orihuela, Aspe, Teulada, Villena, Alicante, Elda...- en los que la empresa Orange Market -filial valenciana de Gürtel que dirigía El Bigotes- organizó actos. Al tomar el mando de la dirección provincial del PP hace dos años, la ejecutiva provincial que lidera José Císcar no sólo se encontró con ese problema que tenía su origen en la gestión de la cúpula regional que encabezaba Francisco Camps; sino también con un completo desbarajuste en el modelo de gestión de fondos que venían utilizando las organizaciones municipales del PP.

Como en su día desveló este periódico, los colectivos locales populares manejaban el dinero sin control y al margen de la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Abrían cuentas a nombres de particulares, de asociaciones sin ánimo de lucro, de entidades culturales o musicales para eludir la normativa sobre los fondos que se usaban para cubrir los gastos habituales que generaba la organización. Madrid únicamente controlaba las cuentas de las organizaciones autonómicas y provinciales. El dinero que manejaban los comités locales quedaba en el limbo. La ejecutiva de José Císcar intentó poner orden e instauró un sistema de gestión, ahora vigente, en el que cada agrupación local del PP dispone de una cuenta bancaria con un número de identificación vinculado a la formación y, además, están controladas por Génova. Esa fue la fórmula que la dirección provincial del PP pactó con Madrid para regularizar la situación y abrir una etapa en la que la gestión de los fondos se ajustara a la ley. «Hemos tomado una serie de medidas en la buena dirección», defendieron estas fuentes.

Con este catálogo de buenas prácticas, apuntaron desde el PP, se cierra el círculo. Ya hay un control total y absoluto de los gastos ordinarios de la organización y, a partir de ahora, también habrá un balance ordenado en las facturas derivadas de las campañas electorales, un procedimiento de control que la cúpula provincial quiere que se inicie de inmediato con la próxima cita de las europeas.

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