No está mal. La Generalitat, en este caso parece que con la con la complacencia o como mínimo la indiferencia del Ayuntamiento de Alcoy durante mucho tiempo, ha tardado nada menos que 12 años en aprobar la normativa de protección del Racó de Sant Bonaventura. No ha sido hasta esta legislatura, en la que el Consistorio se ha puesto las pilas, cuando se ha conseguido cerrar un trámite que amenazaba con dormir de forma indefinida el sueño de los justos.
Pese a que plan de ordenación del parque natural de la Font Roja velaba por el paraje, lo sucedido en este asunto no es otra cosa que una nueva demostración del escaso empeño que pone la administración autonómica en la conservación del medio ambiente. Sólo cuando hay otros intereses de por medio, como sucede con el parque empresarial previsto en la Canal, la Generalitat pone toda la carne en el asador para agilizar los trámites, y no está nada claro si con el objetivo de proteger los recursos naturales o los símplemente económicos.
