La vista por las adjudicaciones del Consell a la red Gürtel para montar los stands de Fitur entre 2005 y 2009, como estaba casi cantado, no se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ). El alto tribunal valenciano ha decidido quitarse de encima el juicio en el que estan imputadas Milagrosa Martínez y Angélica Such -conselleras de Turismo en la etapa de Francisco Camps- después de que ambas, tras dimitir en las Cortes, hayan dejado de tener la protección de la que disfrutan los aforados y enviar el sumario a la Audiencia Provincial de Valencia. La decisión del TSJ, que el Ministerio Público tiene decidido recurrir en el Supremo, supone un «parón» sin fecha para el procedimiento y, además, acerca aún más el retorno a Alicante del sumario sobre el supuesto amaño del PGOU -con Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi como imputados- en el momento en el que la primera edil alicantina, como avanzó este periódico, deje el acta que conserva en las Cortes Valencianas.
En un auto de 46 páginas en el el que el magistrado Juan Ciment -instructor a su vez de la causa del PGOU- actúa como ponente de una sala formada por Pilar de la Oliva y Antonio Ferrer, el TSJ tumba la petición de la Fiscalía para que la vista -suspendida unos días antes del 31 de marzo, fecha marcada para su inicio- se celebrara tal y como estaba previsto.
Alude a tres argumentos: la citada pérdida de la condición de aforadas de las principales imputadas en la causa tras dimitir de su escaño, el resquicio de distinguir entre la competencia para investigar y enjuiciar -el TSJ sólo se reconoce la primera en esta situación- y, finalmente, el hecho de que, en opinión de los magistrados, no se produzca ningún tipo de fraude de ley.
La resolución del TSJ dedica la mayor parte de la argumentación a autojustificar los motivos que conducen a enviar a otra instancia un juicio por corrupción -el primero de la media docena de causas del sumario Gürtel que se tramitan en el alto tribunal valenciano- con la instrucción terminada, la fecha de inicio puesta y a pocos días de que el procedimiento se inicie. «De seguirse la tesis sostenida por el ministerio fiscal, se llegaría al absurdo de que en la hipótesis de que terminada la investigación de todas las piezas y no resultando acusadas en ninguna de ellas personas aforadas, seguiría siendo competente el tribunal de aforamiento (...) con clara vulneración del principio del juez predeterminado por la ley, pues acabaría enjuiciando exclusivamente a no aforados un tribunal de aforamiento», señala con profusión en su resolución la sala del TSJ.
Mucho menos espacio dedica el auto a desgranar los motivos que, descartada la competencia del TSJ, aconsejan que el procedimiento se traslade a la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Argumento principal? Que los posibles delitos se cometieron en la capital del Turia en tanto que la conselleria de Turismo, organismo desde el que se canalizaron los contratos con la trama de Francisco Correa y El Bigotes, está ubicada en esa ciudad. La decisión del TSJ, de alguna manera, atiende la petición de la mayoría de las partes que figuran en la pieza de Fitur, entre ellas las dos exconselleras de Camps -Angélica Such se enfrenta a penas de inhabilitación y Milagrosa Martínez de hasta once años de cárcel- o los jefes de la trama. ¿Motivo? Aplazar el procedimiento con recursos y con el conflicto de competencias que se puede generar. Por contra, la Fiscalía, la acusación que ejercen los socialistas y dos imputados pedían que todo el procedimiento se completara en el TSJ.
Uno de los argumentos que usa el alto tribunal de la Comunidad -enviar la causa a la Audiencia de Valencia por el espacio en el que se habría cometido el delito- se ajustaría, precisamente, al debate para determinar lo que puede ocurrir, finalmente, con la instrucción de la pieza de Brugal que investiga el supuesto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante una vez que la alcaldesa Castedo acabe renunciando a su escaño en las Cortes, algo que se producirá en pocos días. Con Alperi ya fuera del hemiciclo, en el momento que la primera edil abandone su acta en Valencia, la causa quedaría sin aforados. Así que, por extensión, el sumario tomaría camino de retorno: volvería al juzgado para que el magistrado Manrique Tejada siguiera con la instrucción en Alicante, escenario de los supuestos delitos que se les imputan a Castedo y Díaz Alperi.
La regidora, que ha venido manifestando su intención de dejar el escaño y sus preferencias para que la investigación regrese a Alicante, sigue sin aclarar, en todo caso, cuándo renunciará a su acta. Castedo prefiere guardar silencio y tampoco ayer quiso ni desvelar cuándo lo hará ni entrar a valorar el auto judicial sobre Gürtel. La resolución, precisamente, despeja dudas citando un auto anterior del Supremo en el que se aconseja que, para «facilidad de los enjuiciamientos», es preferible que tengan lugar «donde presuntamente se cometieron» los hechos «lo que redunda en la facilidad probatoria, evitándose desplazamientos innecesarios».
Fuentes del PP consideran que nada frena ya a Castedo para renunciar y que el caso regrese al juzgado que comenzó a instruirlo. El magistrado decidirá después si, finalmente, se abre juicio oral y, en ese caso, si es la Audiencia Provincial la que lo enjuicia o un juzgado de lo penal en función de las penas y delitos.
