Ya se sabe aquello de que hay medias verdades, mentiras y estadísticas. Recién aprobada la Ley de la Dependencia se creó la página de Información Estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Mensualmente presenta en las páginas del IMSERSO los datos correspondientes, en febrero pasado el IMSERSO habla de 6.500 nuevos beneficiarios, más de 14.000 en lo que va de año. Eso está bien, pero es una media verdad, o si se quiere una mala lectura estadística.
En el mismo periodo, enero y febrero, han aumentado en 27.000 las solicitudes presentadas. Con lo que suponen el 3,48 de la población española, casi la misma proporción que en febrero del año pasado, pero los casos dictaminados -el siguiente paso- son el 3,24%, una proporción algo menor que la de solicitantes. El dictamen es establecer por grado y nivel si la dependencia es moderada, severa o gran dependencia. Los dependientes moderados los aparcaron por decreto ley en diciembre de 2011 cuando iban a empezar a tener derecho, se supone que hasta que pase la crisis.
El vía crucis de los dependientes continúa con el reconocimiento del derecho a las prestaciones y aquí la proporción ha pasado del 3,48 que lo solicita, al 1,98 a los que se les ha reconocido. Si las solicitudes en febrero sumaban 1.638.000 sólo tenían dictamen 1.525.000 y reconocido el derecho a la prestación 935.000, o sea 1,98 del censo, los seiscientos mil menos o se les ha denegado o están en el limbo de las listas de espera, sin contestación.
La siguiente estación del vía crucis es la prestación efectiva del derecho reconocido. Por si se han perdido: hemos pasado de la solicitud, al dictamen, al reconocimiento del derecho y a la prestación. Aquí ya sólo está el 1,59% del censo, o sea, la mitad de los dictaminados y menos beneficiarios que el año pasado. Uno de cada cinco a los que se les ha reconocido el derecho está esperando la prestación. Eso en España, en la Comunidad son un 28% y el año pasado eran uno de cada tres.
Pero la Comunidad es un caso aparte. Estando Juan Cotino, entonces Conseller de Bienestar Social, estableció un procedimiento que no era un vía crucis, era un campo de ping-pong que superaba lo imaginado por Kafka: solicitud en Conselleria, servicios sociales municipales, centros de salud, Conselleria, empresa privada que hacía la valoración, Ayuntamiento de nuevo, Conselleria, etcétera, más de un año de peloteo con los usuarios. Las comunidades recibían el dinero de la Administración central con la valoración, y la prestación se dilataba quizá por aquello de la liquidez. Luego se cambió: la financiación se recibe cuando se resuelve la prestación efectiva con el PIA (Plan Individual de Atención).
El resultado fue que la proporción de solicitudes era bastante inferior que en el resto de España, al igual que los dictámenes, el reconocimiento del derecho -el 1,15 del censo frente al 1,98 en el conjunto del Estado- y las personas con prestación efectiva eran una proporción del 0,82% del censo, mientras que en el conjunto de España era el 1.6%. Las personas pendientes de la prestación se ha reducido en cinco puntos en la Comunidad en el último año -tres en España- aunque la explicación puede estar en la reducción de las personas que tenían reconocido el derecho en 2013. Probablemente porque a finales del año 2012 el Tribunal de Cuentas elaboró de oficio para la fiscalización de los datos en toda España porque se estimaba la existencia de unas 12.000 personas beneficiarias cuya situación era preciso aclarar por diferentes causas.
El observatorio del IMSERSO subraya que en este año ha aumentado el número de recursos sociales. Es otra mala interpretación estadística porque en España se mantiene en 1,25 recursos por usuario, y en la Comunidad ha bajado de 1,19 a 1,13. Y lo peor para los grandes dependientes y severos (grados III y II) es que quitaron la Seguridad Social a los cuidadores, y las prestaciones económicas a los cuidadores -familiares en muchos casos- han pasado de ser el 44% al 43% en España y en la Comunidad del 44 al 40%.
Después de los recortes en sanidad, en educación y dependencia vienen los recortes en el resto de los servicios sociales a través de la nueva Ley de Régimen Local, dando un rodeo por las comunidades. Y ni aun así reduce Montoro el déficit de la Administración central, pero seguirá repitiéndolo y riñéndonos, me barrunto.
