En el Pleno de Les Corts del próximo miércoles se procederá a cubrir las vacantes de tres instituciones estatutarias de la Comunidad Valenciana. Se necesita para ello una mayoría cualificada que ninguno de los grupos parlamentarios posee, por lo que, sin previo acuerdo entre los que pueden alcanzarlo sumando sus escaños, el bloqueo de las instituciones está servido. Pero si hay Pleno para ello es que ha habido acuerdo. Acuerdo en el reparto, independientemente, por lo general, de quienes vayan a cubrir los cargos. Es algo, por desgracia, habitual. Recuerden el mayúsculo escándalo del Tribunal Constitucional, por ejemplo.
De las tres plazas vacantes del Consell Valencià de Cultura, corresponde a Compromís cubrir una (su candidato es el profesor Ramón Rosselló) y las otras dos al PSPV, que cedió una a Esquerra Unida (la candidata por el PSPV es la cantante Sole Giménez y por EU el escritor Enric Lluch). La composición de la institución será de cinco mujeres y dieciséis hombres. El mayor número de mujeres desde sus inicios en 1985.
En el Consell Jurídic Consultiu hay que cubrir la vacante dejada por Joan Ignasi Pla, por lo que ha correspondido al PSPV hacer la propuesta: Margarita Soler, profesora de Derecho Constitucional. La composición de la institución será de dos mujeres y cinco hombres. El mayor número de mujeres desde sus inicios en 1996.
El Síndic de Greuges es una institución unipersonal y, en este juego de reparto, corresponde su propuesta al PP, que propone la continuidad de José Cholbi. Nunca se ha nombrado a una mujer. Pero en esta institución hay «truco», pues los dos cargos de adjuntos al Síndic, aunque corresponda a éste su nombramiento, lo tiene que hacer previo dictamen de la Comisión de Peticiones de Les Corts, así que se los reparten entre PP y PSPV. También ha optado el PP por conservar a Carlos Morenilla como adjunto segundo, pero el PSPV remueve del mismo a Emilia Caballero (que está haciendo un ímprobo trabajo en la defensa de los derechos de la ciudadanía desde la perspectiva de género) para proponer a Ángel Luna, descabalgado de la candidatura europea. La composición de la institución será enteramente masculina.
¿No deberían Les Corts (y cualquier institución a la que corresponda el nombramiento o designación de cargos públicos) garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las instituciones? ¿No deberían los partidos con representación parlamentaria atender a este principio cuando hacen sus propuestas? ¿Por qué la propuesta de mujeres para ocupar cargos públicos se «vende» por los partidos como un mérito indicativo de modernidad y progresía y una concesión a las mujeres en lugar de una exigencia democrática? La respuesta tiene un nombre tan conocido como ignorado su significado profundo: patriarcado.
