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El sur de Europa también puede exigir

Todas las semanas nos encontramos con al menos un caso de mujeres asesinadas en nuestro país, víctimas de la violencia de género. Además, sabemos ahora que el feminicidio en la Unión Europea alcanza la cifra de siete asesinatos diarios. En España son entre 2 y 3 anuales por cada cien mil mujeres y en los 27 de la Unión esa proporción supera entre 13 y 14, por cien mil, las mujeres asesinadas anualmente.

La Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE ha publicado un informe Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE. Resumen de las conclusiones de la encuesta: (http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results), que demuestra que en Europa, aproximadamente entre el 20 y el 25% de las mujeres han sufrido actos de violencia física por lo menos una vez durante su vida adulta, y más del 10% han sufrido violencia sexual con uso de la fuerza. El 33% de las mujeres han sufrido alguna forma de violencia; entre el 12 y el 15% de las mujeres de Europa son víctimas de la violencia doméstica y cada día mueren en la Unión Europea por esta causa siete mujeres. Y habiéndose reducido el número total de asesinatos, el feminicidio es cada vez una mayor proporción. Es la primera vez que se ha hecho un estudio en Europa de esta amplitud y detalle y muestra unas dimensiones similares a un problema tan endémico como el paro, aunque mucho más crónico y enraizado.

Una situación sorprendentemente terrible, espantosa, en una Europa que es, o pretende ser, el paladín de la democracia y los derechos humanos en el mundo. Por si no ha quedado claro: una de cada cuatro o cinco europeas han sufrido violencia física, una de cada diez violencia sexual y una de cada tres algún tipo de violencia. Y, además, cuatro de cada cinco no recurrieron a ningún servicio de ayuda sanitario, social o de seguridad; la mitad no conocen los recursos preventivos y dos de cada cinco ignoraban que existieran leyes de protección.

La separación entre el norte y el sur de Europa es un lugar común cuando se habla de déficit, productividad, aprovechamiento escolar y tantas cosas de los economistas; pero no lo es cuando se habla de la violencia contra la mujer -sea física, sexual o psicológica-, un tema que afecta a los Derechos Humanos y que vulnera directamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículos 1, 2, 4, 21 entre otros). Y, sin embargo, las diferencias entre el norte y el sur europeo son abismales, en esta ocasión a favor del sur; sin que sirva de excusa, aunque sí de acicate para exigir que se protejan y defiendan los derechos humanos.

La media europea de casos de violencia machista es del 33%, una de cada tres mujeres la han sufrido. Pero mientras Finlandia, Dinamarca, Holanda o Suecia registran más de un 40% de casos de violencia física, psíquica o sexual, los países del sur, más las católicas Polonia, Irlanda y Austria están en torno al 20, y por supuesto España. Y escribo España porque la Ley Integral contra la Violencia de Genero fue aprobada por todo el Congreso. También es herencia de Zapatero, y sobre todo de María Teresa Fernández de la Vega.

España puede y debe liderar en la Unión la defensa de los derechos de la mujer en línea con la última propuesta de la correspondiente Comisión del Parlamento Europeo. En las legislaciones nacionales falta, de hecho, una concepción, una definición y una reglamentación comunes del concepto de violencia contra las mujeres, que debe promover la Comisión. Se requiere, además, una acción decisiva: la firma y ratificación por los distintos Estados y por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa -el Convenio de Estambul-, sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica. La ratificación por diez Estados lo haría extensible al resto y exigible ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero hasta la fecha ¡solo tres lo han ratificado! En el convenio se reclaman las «seis pes» (política, prevención, protección, persecución, prestaciones y partenariado) de una actuación integral contra la violencia de la mujer.

Montoro que esté tranquilo y no siga recortando recursos: según el Parlamento «el coste de las medidas de prevención es sustancialmente inferior al coste de la violencia».

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