¿Qué intereses hay detrás de este nuevo «ajuste» en materia de derechos civiles? Para entender el por qué, de esta norma bautizada como «Ley Mordaza», hay que analizar la situación económica, política y social en la que nos encontramos. Una situación económica que ha provocado que se excusara en ella la privatización de servicios públicos, la reforma laboral, la bajada de salarios, la subida desigual de impuestos, el repago farmacéutico, y por supuesto el rescate a la banca, que ha generado un crecimiento de la deuda pública que alcanza casi el 100% del Producto Interior Bruto. Una política que da la espalda a la ciudadanía para abrazar a los mercados, que marca una línea roja entre la austeridad que predica al pueblo y la que practica en sus filas y una situación social que ya no puede basar su estabilidad en la economía, en un puesto de trabajo para toda la vida, ni si quiera puede sentir confianza por aquellas personas que les gobiernan. Estamos en un momento en el que todo parece ir a la deriva.
Ante la falta de autoridad moral de un gobierno minado por la corrupción que sobrevive entre la impunidad y el indulto. La impotencia de quedarse sin trabajo; el abuso y la violencia con la que se tira a familias a la calle; la falta de acción para perseguir el desfalco en las arcas públicas que ha supuesto el rescate de corporaciones financieras. La ciudadanía sale a la calle a decir «no nos representan». A protestar porque no encuentran trabajo, porque sus hijos ya no pueden ir a la universidad porque no pueden pagar la matrícula, porque tienen a un familiar enfermo al que le han recortado la ayuda, porque se destapan casos y casos de corrupción y aquí no pasa nada. Porque simplemente es legítimo protestar ante la injusticia.
Ante esto el PP responde con una ley de seguridad ciudadana orientada a acallar cualquier protesta que lleve a una crítica de estas políticas. ¿Por qué esa necesidad de silenciar?
Una de las herramientas más usadas para la denuncia y la difusión de material crítico con el gobierno son las redes sociales. Facebook, Twitter y los medios digitales, nos permiten acceder a una información sin sesgo, de manera horizontal, que responde a la inmediatez y transparencia que posibilita la unidad de un pueblo que grita ¡Basta Ya! Un ejemplo de interacción entre el poder popular y la difusión por las redes fue Gamonal. La ciudadanía consiguió que su alcalde paralizara el proyecto de unas obras en las que participaba un constructor condenado por corrupción. Cuando el anteproyecto sea presentado en las Cortes y tome forma de ley no solo se podrán penar protestas como ésta, sino que se pondrá coto a la grabación de imágenes de actuaciones policiales en las que «presuntamente» pudiese haber un abuso.
¿Por qué el PP destina aquí unos recursos orientados a romper la unidad, criminalizar el poder popular y silenciar los medios de expresión de la ciudadanía?
La prioridad del gobierno de Rajoy debería estar enfocada a destinar estos recursos en luchar contra el desempleo, poner soluciones a los desahucios o crear herramientas contra la pobreza y dejar de intentar controlar a una población que lucha por su derecho al trabajo, a una vivienda digna, y ahora nuevamente por el derecho a la libertad de expresión.
Este gobierno usa a su antojo la estructura del Estado para salvaguardar sus intereses y recortar derechos fundamentales propios de una democracia.
El Consejo de Europa, institución que vela por los derechos humanos y la defensa y protección de la democracia, llamó la atención al PP por el «excesivo uso de la fuerza» en las protestas. El comisionario europeo de derechos humano, Nils Muiznieks, declaró dudar de la «necesidad de las restricciones planteadas en una sociedad democrática».
En este punto deberíamos preguntarnos a quien defiende esta ley y de qué. ¿Son criminales las personas que protestan y defienden sus derechos? ¿Es prioritaria una ley de seguridad ciudadana?
La justificación del PP, ante la necesidad de una ley así, evidencia su intención de legalizar las actuaciones represivas denunciadas por los organismos internacionales.
Tal vez para proteger intereses económicos, de los que realmente mueven los hilos en este teatrillo de marionetas, frente al interés de la mayoría social.
No a la «Ley Mordaza».
