La corrupción es un capítulo muy caro para Europa. La corrupción dentro de la Unión Europea es una práctica altamente extendida que cuesta a la economía 120.000 millones de euros cada año.
Aunque no hay un ranking oficial, el Ejecutivo Comunitario sitúa en un inédito estudio a España como uno de los socios europeos donde más episodios de corrupción se producen.
Algunos de los principales brotes de corrupción se encuentran en la financiación de los partidos políticos, que tradicionalmente han estado muy expuestos a préstamos bancarios. Según el Tribunal de Cuentas, en 2007 la deuda total ascendía a 227 millones de euros, algo que fue posible, según insinúa la Comisión, por el hecho de que los consejos de administración de las cajas de ahorros estaban llenos de políticos designados por sus partidos.
En 2012 y 2013 se reforzaron las normas sobre financiación, por ejemplo obligando a notificar al Tribunal de Cuentas todas las donaciones superiores a 50.000 euros o que impliquen bienes inmuebles, y prohibiendo las condonaciones de deuda de más de 100.000 euros anuales. Aún así estas medidas no son suficientes para la Comisión, que reclama una mayor supervisión de los préstamos, mejorar los controles financieros internos y reforzar el régimen de sanciones.
Bruselas también detecta que la fuerte descentralización del Estado propicia prácticas corruptas que en ocasiones son difíciles de detectar. Las Comunidades Autónomas gestionan aproximadamente el 35% del gasto público total y los responsables locales un 13%.
Parece notorio que la crisis ha favorecido el crecimiento de casos de corrupción. Los europeos tienen la sensación de vivir en un ambiente de corrupción generalizada. Tres de cada cuatro suscriben esa apreciación, según un amplio estudio que ha publicado la Comisión Europea, basado en una encuesta ciudadana y en análisis propios. Esa opinión es prácticamente universal en Grecia (99%), Italia (97%) y España (95%), pero también alcanza niveles preocupantes en países con reputación de seriedad como Alemania, donde el 59% de la población cree que las corruptelas están muy extendidas.
España es, según Bruselas, de los países que más contribuyen a engordar la cifra de la corrupción en la Unión Europea. Buena parte de la culpa de esta lacra la tienen, a ojos del Ejecutivo comunitario, la falta de vigilancia de la financiación de los partidos políticos. Precisamente a las irregularidades que salpican a estas formaciones, como el célebre caso Bárcenas, hace mención el estudio al mencionar con toda claridad, aun sin citar su nombre, al «extesorero de un partido político y casi 90 destacados políticos, empresarios y banqueros acusados de prácticas corruptas». De ahí que el Ejecutivo proponga que se realice una auditoría externa anual para cada partido, así como que se publiquen sus cuentas en la red.
Aparte de los partidos políticos, el alto grado de corrupción se centra también en el sector urbanístico o de la contratación pública (en concreto, en los campos de la construcción y de recogida de basuras), así como el hecho de que en comunidades autónomas y municipios, los cargos públicos no rindan cuentas son algunos de los factores que más preocupan en Bruselas. Así pues, el informe señala la falta de control efectuado sobre el gasto público de las administraciones en un Estado fuertemente descentralizado, lo que ha convertido a administraciones locales y regionales en un foco de riesgo. «Las amplias competencias atribuidas (a las regiones y municipios) no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada», denuncia el documento. Sirva para ilustrar el problema, por ejemplo, la siguiente cifra recogida por el informe: entre los años 1996 y 2009, los medios recogieron más de 5.000 casos de corrupción que afectaron a 600 municipios.
Además, Bruselas alerta de la incapacidad de las CC.AA para controlar Ayuntamientos y alcaldes, habida cuenta de la capacidad de éstos de hacer y deshacer imbuidos de amplios poderes discrecionales en materia de planificación urbana, alerta el informe. Sólo en 2011, recoge el documento, se incoaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas.
En definitiva, parece ser, que en Europa y concretamente en España, la corrupción se ha «cotidianizado» y ya nos parece normal. En esto de la corrupción si que estamos casi los primeros.
