Hace poco leí la noticia de que se iba a incorporar el grado de veterinaria a la oferta del nuevo campus universitario que se proyecta en El Campello. Se indicaba que así se había solicitado, aunque no se especificaba por quién, cuándo, ni el porqué de esa solicitud. El anuncio se enmarca en otra de las burbujas que están asolando este país: la universitaria. La ilustraré con la profesión que me honro en presidir en Alicante, la de veterinario, aunque me temo que conclusiones similares resultan extensivas a otras tantas.
Algunos datos del informe elaborado por la Federación Veterinaria Europea (FVE) sobre la situación de esta profesión en Europa son ilustrativos: mientras que en España vamos para trece facultades y siguen en aumento, países con una sensible mayor población que el nuestro cuentan con muchas menos (5 en Alemania, 4 en Francia o 7 en Reino Unido). Disponemos de una facultad cada 3,5 millones de habitantes mientras que en nuestro entorno europeo cuentan con una de cada 10 a 20 millones. En este descontrol compartimos liderazgo, entre otros tristes podios, con Portugal e Italia. Entre el país trasalpino y España sumamos más del 50% de los estudiantes de veterinaria de la Unión Europea. Solo en nuestro país tenemos más alumnos que Bélgica, Reino Unido, Holanda, Francia, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Finlandia juntas. En un radio de 150 kilómetros en torno a Alicante vamos a disponer del mismo número de facultades que en toda Francia, a lo que habría que sumar dos facultades públicas más cuyo proyecto ha sido demorado, de momento, por la crisis.
Mientras que en la mayor parte de los países de nuestro entorno la población veterinaria permanecía estable, en 2010 la española se duplicaba con respecto a una década antes. En el año 2000 la FVE ya emitió un informe reflejando su preocupación por la apertura en España de un número excesivo de facultades, instaba a cesar las inauguraciones, a establecer medidas para controlar la calidad de esta formación y a limitar el número de sus estudiantes. Son todavía pocas las facultades de veterinaria que cumplen con los estándares de calidad que se marcan en Europa. La FVE lo relaciona con la falta de recursos financieros, de enseñanza y de equipos necesarios debido al exceso en la oferta universitaria. Nuestra respuesta: abrimos más facultades.
Las consecuencias de este dislate son nefastas: adquisición de una precaria e inadaptada formación que obliga al recién licenciado a nuevos sobreesfuerzos formativos para enfrentarse con solvencia a un mercado de trabajo ya saturado que conduce al desempleo, subempleo o a la emigración (cientos de veterinarios españoles se han visto forzados a marchar al Reino Unido en busca de un empleo digno). La Administración ya no oferta plazas públicas, la ganadería no genera puestos de trabajo y los centros veterinarios dejan de ser rentables y apenas disponen de margen para modernizarse e invertir en la necesaria formación de postgrado que requiere el constante avance científico. En definitiva, frustración de los nuevos profesionales al comprobar que han dedicado unos valiosos años a algo a lo que difícilmente van a poder dedicarse y penurias para los que ya trabajan.
La educación, al igual que ciertas materias como el medio ambiente, no se puede dejar al albur del mercado. Los poderes públicos no deben permitir que la elevada demanda formativa de muchos jóvenes causada por la escasez de trabajo sea aprovechada con meros criterios de negocio por la iniciativa privada, amagándoles interesadamente el incierto futuro profesional que se les avecina. No hablamos del riesgo de una sobreproducción de calcetines o lámparas. La materia prima de la educación son las personas y se juega con sus expectativas de futuro.
La oferta educativa pública debería congelarse, los escasos recursos disponibles dedicarse a mejorar la enseñanza de las facultades existentes y la iniciativa privada ser planificada de acuerdo con las necesidades reales del mercado de trabajo. Es descorazonador comprobar cómo en este país se tardan años y años en regular con un título oficial y homologado a los auxiliares veterinarios o ATV -titulación existente en otros países y éternamente pendiente en el nuestro- debido a la lentitud e ineficacia de la burocracia. En resumen, masificamos profesiones ya saturadas mientras descuidamos importantes nichos de trabajo que acaban por ser cubiertos con personas foráneas o sin formación.
En nuestro país la planificación de la oferta universitaria y educativa, por inexistente, es un auténtico dislate. Hambre para hoy y frustración para mañana. El ansia irrefrenable de inaugurar no tiene límites. Ya no quedan aeropuertos sin aviones ni autopistas en quiebra que construir, auditorios desiertos y macroproyectos ruinosos que anunciar, ni megaurbanizaciones vacías que promover? Parece como si la frustración y los daños causados con todas estas burbujas no fueran suficientes. Ahora toca continuar inflando una no menos perniciosa: la universitaria. Por desgracia, en este país parece que no haya quien la pare. Nuestra obligación: denunciarla y darla a conocer.
