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Lo de Ceuta y lo de Europa

No sería justo reducir el drama consumado en Ceuta al trámite judicial y la exigencia de dimisiones que reitera el PSOE. Por supuesto que ambas vías deben clarificar responsabilidades y condenarlas si aparejan culpas punibles. La vergüenza nacional por la muerte de quince africanos se ha duplicado tras una comparecencia ministerial que exculpa sin fisuras a quienes repelieron su entrada en territorio español. Una cosa es socorrer a los desvalidos antes de devolverlos a su origen, y otra muy distinta agredirlos con bolas de goma cuando nadan hacia la orilla. Esta presunta crueldad es inaceptable, y, por fortuna, no se extingue con una declaración inutil. La Comisión Europea exige llegar al fondo. La posibilidad de repudiar la negación de uno de los más sensibles «valores europeos» es una garantía contra las extralimitaciones bochornosas.

Pero es obvio que ni España ni otros países mediterráneos de la UE pueden ni deben asumir en solitario la contención de ilegales que casi siempre buscan el suelo comunitario más próximo como primer paso hacia los países centro y noreuropeos. Los recursos y dispositivos interestatales arbitrados para detectar y rechazar esos flujos de la desesperación delatan su ineficacia con la simple continuidad de las arribadas, cada vez más peligrosas pero incontenibles. La presión sobre los ribereños les convierte en filtros al servicio de los continentales y precipita dislates como las inhumanas cuchillas o las bolas de goma. Es intolerable la ausencia de una política común «sobre» la inmigración, no solo «contra» ella. Y perseguir sin más denota una cuota de hipocresía que España no debería asumir sin reclamar a los países-destino recursos atenidos a la dignidad de la persona humana.

La escalada xenófoba que se extiende por Europa no repele únicamente a los africanos sino que ya dispara contra los propios europeos. Es una de las más graves consecuencias de la crisis económica. Las democracias de la Unión deberán tomar definitiva conciencia del grado en que son impugnadas por el cierre de fronteras y actuar contundentemente en defensa de sus principios. España, Italia, Grecia, Malta y todos los afectados tienen derecho a exigir una política comunitaria que evite que tragedias como la de Lampedusa o errores como el presuntamente consumado en Ceuta. La implicación real de todos requiere empezar por una normativa que no se agote en el rechazo ni en el cómodo desvío de responsabilidades hacia los «filtros» mediterráneos.

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