l domingo pasado, este periódico daba cuenta de un acto celebrado por el PP en La Nucía, presentado como el arranque de la precampaña de las elecciones europeas. El titular del artículo dejaba claro el mensaje principal extraído del evento: «El PP reclamará en Bruselas una Agencia Europea de Turismo con sede en Alicante». Por supuesto, ni una sola palabra para conocer qué características, competencias o presupuesto debería tener la citada Agencia. El hecho de pedir es lo que importa, aunque no sepan en qué consiste la petición. Tiempo tendremos para ver si esta pretensión entra en el programa electoral nacional del PP o si se trata de un brindis al sol de Císcar, tan necesitado de aparecer asociado a alguna noticia que no abunde en su pérdida de poder en el ámbito de ese Consell que, todavía, vicepreside. Mientras tanto, podemos aventurar el enfoque que los populares pretenden dar a esta campaña y, por extensión, su concepción de la Unión Europea.
Al parecer, ahora se trata de ir a Europa a pedir. En los años ochenta, con una España recién incorporada a una Unión Europea con muchos menos miembros, donde el reparto de los fondos estructurales era la principal preocupación y España uno de los países más atrasados, Aznar se permitió descalificar a Felipe González tildándole de «pedigüeño». Eran otros tiempos y mucho ha evolucionado la UE desde entonces, tanto desde el punto de vista de su composición, como desde el punto de vista de su arquitectura institucional y de sus funciones. Pretender, a estas alturas, reproducir una política reivindicativa de hace 25 años sólo demuestra la carencia de ideas de los actuales gobernantes. Que nadie me malinterprete: no digo que no haya que reivindicar todo lo que sea conveniente; lo que estoy diciendo es que ese no puede ser el elemento central de la campaña europea. Organizar una subasta para ver quién es el que pide más cosas y más grandes puede ser el mayor fraude que hagamos al electorado, en estos momentos.
Las elecciones europeas merecen un profundo debate sobre la concepción que se tiene de la Unión y sobre las políticas que se deben aplicar desde Bruselas, debate que el PP no tiene voluntad de afrontar. Se trata de saber si queremos una Europa que se limite a defender las libertades, pero que deje las decisiones de gobierno en manos de un cuerpo de tecnócratas o si pretendemos defender y potenciar lo que se ha venido conociendo como modelo social europeo. Porque no nos sirve la Unión Europea si es a cualquier precio o para desembocar en cualquier modelo de sociedad. El sueño de la UE tiene que ver con la configuración de un Estado de Bienestar como los que se construyeron en la Europa del norte o como el que empezamos a construir en España bajo los gobiernos socialistas. Ese modelo, de políticas públicas, de integración social y de lucha contra las desigualdades es el que se está desmantelando a partir del dominio de una concepción ideológica neoliberal de la sociedad, que se pretende imponer so capa de una interpretación sedicentemente «tecnocrática» de la crisis y de sus posibles salidas. Cambiar o mantener esa orientación es lo que está en juego.
Los países que pertenecemos a la Unión Europea y, además, integramos la unión monetaria, hemos cedido una parte muy importante de nuestra soberanía: ya no podemos gobernar autónomamente nuestra moneda. Para un país deudor como el nuestro, este hecho supone una grave limitación, pues nos obliga a devolver nuestros préstamos en una moneda que no controlamos. Los que dirigen la política monetaria, singularmente el Banco Central Europeo (BCE) y aquellos que intentan condicionar sus decisiones, ejercen una notable influencia sobre la política económica que se aplica en España. También la ejercen los que están bloqueando el avance de la unión bancaria, los que se oponen a los programas de estímulo al crecimiento económico o los que ralentizan las inversiones públicas europeas para la lucha contra el paro juvenil. De todo esto hay que hablar.
El verdadero debate lo ha planteado la Comisión de Empleo del Europarlamento, aprobando este pasado jueves un informe sobre el impacto negativo de las políticas de rescate aplicadas por la llamada «troika» (la Comisión Europea, el BCE y el FMI), presentado por el eurodiputado socialista Alejandro Cercas. El citado informe pone de manifiesto la destrucción de riqueza y empleo, pero también el aumento de la pobreza y las desigualdades que han provocado las políticas de ajuste impuestas por la «troika». Lamentablemente, este documento ha seguido su trámite hacia el Pleno el parlamento sin el apoyo del Partido Popular Europeo, principal sostén de la actual política comunitaria.
En la Unión Europea hay cientos de regiones. ¿Alguien se imagina una campaña electoral a base de que cada una reclame la instalación de una nueva Agencia europea? El PP nos propone esa campaña, la del «me pido para mi pueblo?». Resultaría risible si no fuera porque es intencionado. Mucho me temo que intenten convertir la campaña de las europeas en una sucesión de fuegos de artificio para rehuir las cuestiones fundamentales. Nuestra salida de la crisis no se producirá si no forzamos un drástico cambio en la correlación de fuerzas en Europa, de manera que se puedan aplicar políticas que ayuden al crecimiento, como están haciendo en Estados Unidos y que permitan limitar las desigualdades y acabar con la pobreza. Hablar de Europa en serio es debatir sobre los modelos de políticas en juego: el que se está aplicando, con el desastroso resultado que conocemos y el alternativo que se propone desde los partidos socialdemócratas. Ese es el debate que no interesa a gente como Císcar, entusiastas de unas políticas basadas en los recortes, de las que no quieren que se hable.
