Camps declarará pasado mañana en calidad de testigo dentro del caso Nóos. Bueno, presuntamente. De hacerlo -que todo indica que esta vez, sí-, lo realizará por escrito, en su despacho del Consell Jurídic Consultiu al que por derecho pertenece y porque su trayectoria indica que es un elemento de sobra consultable. Bien, durante el rato que se enfrente al formulario, no podrá comunicarse con el exterior ni recibir asesoramiento de terceras personas, aunque si no desea escribir las respuestas podrán hacerlo por él, siempre que la persona escogida no sea profesional del Derecho. Es de suponer que con una baste. Sí, porque la que se tendrá que desplazar desde Palma para tal menester será la secretaria del Juzgado número 3, aunque aprovechando el desplazamiento han sido citados a declarar once más entre funcionarios, directivos y exaltos cargos de sociedades públicas que, dado que todavía hay clases, lo harán de viva voz. De hecho, lo que investiga en concreto el juez Castro son los tres millones largos de euros que se embolsó Urdangarín y el socio por la celebración en Valencia de unas cumbres y de unos juegos que fueron y vinieron. Bien, mientras tanto, el sucesor del miembro del Consultiu ha puesto en marcha en Presidencia un sistema de interrogatorios a funcionarios, con grabación incluida de los mismos, para ver si de una vez por todas localiza a quien está filtrando unos cuantos papeles que al hombre no le hace ni pizca de gracia que salgan. Por su parte, José Luis Olivas, que precedió al primero de los citados y que si no forma parte del Jurídic Consultiu es porque no anduvo entre sus prioridades, se halla imputado en varias causas judiciales entre las que destaca la que se sigue por la voladura del Banco de Valencia y Bankia. Visto así, tampoco está tan mal la Generalitat.
