Evidenciando otra contradicción de la LOMCE, la Formación Profesional va camino de sufrir mucho más con esa «mejora educativa» que se impone contra familias y estudiantes, contra criterios científicos y pedagógicos, y en este caso, también contra la opinión y experiencia acumulada por un profesorado en permanente contacto con el tejido productivo y empresarial que, por esa razón, además, sabe por adelantado los efectos negativos de la ley en la preparación y empleabilidad futura del su alumnado.
Para situarnos, lo primero es poner en valor más de dos décadas de trabajo para transformar la antigua FP en la actual. Es un logro educativo y social que adquiere su verdadera dimensión cuando son conocidas las dificultades superadas por centros, empresas y profesorado, con dotaciones y medios siempre insuficientes, y con un proceso continúo de revisión, actualización y homologación de contenidos, títulos y competencias profesionales. La ley tirará todo por tierra, incluido el prestigio alcanzado.
El retraso funcional de Conselleria y Ministerio para satisfacer o modular las necesidades del sistema productivo valenciano no ha impedido que, antes y después de crisis y reformas laborales improductivas, sea la competencia profesional acreditada con un título oficial, más la experiencia, la que marquen la diferencia entre acceder o no al mejor puesto de trabajo. Sin embargo, del mismo modo que ocurre con los dispares resultados PISA, obtenidos con las mismas leyes educativas vigentes en todo el Estado, también cada autonomía cosecha singulares resultados de inserción laboral como fruto de su situación de partida (historia) y de lo sembrado con las políticas autónomas de desarrollo industrial, turístico, comercial y ¡cómo no! Educativo.
Dicho esto, enlazándolo con los muchos análisis y datos sobre la destrucción de tejido productivo en el País Valencià y aderezándolo con dos realidades, una general y una particular, que serán expuestas a continuación, cualquiera puede intuir una situación de retroceso de la FP que, no conviniendo al sistema educativo ni al sistema productivo, tampoco puede convenir a la sociedad valenciana. Cabe pues pronunciarse, como con la discriminación fiscal del PV, para combatirlas unid@s o, por contra, permanecer mudos ante el maltrato a nuestra competitividad territorial y social. De momento, hablemos.
Realidad general: aunque la LOMCE no altera la estructura de los ciclos actuales, ya ha ralentizado el proceso de actualización de contenidos y duración de los ciclos LOGSE (1991) en los actuales ciclos LOE (2006), es un retraso que no beneficia a nadie. Además, hay que señalar que la LOMCE altera la concepción general de la Formación Profesional para devaluarla. ¿Cómo?, creando un «itinerario basura», híbrido del «modelo» Villar Palasí de 1970 y del modelo Alemán de FP (inviable aquí por falta de tejido productivo y de implicación empresarial en la formación de sus trabajadores).
Ese itinerario llamado Formación Profesional Básica equivale a recuperar la FP de primer grado. A él, como antaño, llegará alumnado que, prematuramente, desde los 14, podrá ser apartado de la Enseñanza Secundaria Obligatoria hasta los 16 años que nos homologó con Europa 40 años después. Esto en sí, por grave, merecería más reflexión.
Sin entrar a valorar el fondo de esa renuncia del Estado a una educación obligatoria e igualitaria, sí cabe alertar de que esa FPB que como techo ofrece la posibilidad de una cualificación profesional cercana a la nada (título Profesional Básico se llama y nada hay definido!), junto a los programas educativos «alternativos» contemplados en la ley, parece ser el destino de más de un 30% del alumnado actual y futuro. Que ese «destino» cierto marcado por ley sea mero aparcadero de jóvenes (camuflando de paso el fracaso y abandono escolar temprano), o que sea una verdadera alternativa laboral, depende de los fondos destinados a poner en marcha esa FPB: ¡cero euros! Recordemos que sigue cayendo el presupuesto educativo anual y que, por «básica» que sea, la FP siempre necesita de más inversión que su alternativa, llamada «académica» en la Ley. ¿Quién pagará la factura, el Consell, las familias o el profesorado? Apuesten por los de siempre o por el «Capità Moro d'Alcoi», que ni Consell ni Gobierno están dispuestos a hacerlo.
Salvando la cuestión económica, que sería mucho salvar, antes de emprender ese retorno a aprendizajes pasados, aún deberían explicarnos cómo se salvarán problemas superados: desprestigio social de la FP; centros de tercera categoría por su entorno y alumnado; pérdida generalizada de matrícula de Secundaria y Bachiller en todos los centros; ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior (los mismos que tantos años y esfuerzos colectivos han conseguido prestigiar social y laboralmente) obligados a asumir de nuevo alumnado con importantes déficits formativos; oferta insuficiente y más desequilibrada; etcétera.
Realidad particular: a pesar de la publicidad y propaganda institucional vivimos una parálisis permanente del impulso y desarrollo autonómico de la FP. Unas gruesas pruebas serían: el Primer Plan Valenciano de FP (2002) no despertó del sueño de los justos por falta de financiación (¡no había crisis!); el II PVFP presentado en 2011 por los Camps se quedó en el mismo cajón de publicidad y propaganda; el 23 de diciembre fue cesado de su puesto otro director general de FP (se cumple la «tradición» de bloqueo, vía renovación, de equipos de trabajo de la Conselleria de Educación); el Consejo Valenciano de la FP no supera la fase de constituyente, etcétera. Todo junto (y más) tiene consecuencias muy negativas: 15 años después, nadie sabe o contesta a propósito de la revisión del mapa (oferta) de ciclos de la Comunidad; sigue en el limbo la red y la regulación de los centros integrados de Formación Profesional; es muy lento el ritmo de acreditaciones profesionales; es muy incierta la implantación de la FP dual; no existen pautas ni directrices de regeneración del tejido productivo; no existen políticas activas de investigación y desarrollo industrial, de implementación de nuevas tecnologías en los procesos de producción ni de implantación de modelos de eficacia energética y energías renovables, etcétera. Nos anuncian la luz, pero esta sigue subiendo.
Posdata: La capacidad productiva, investigadora, industrial, comercial, agrícola y turística marca la diferencia entre territorios y países, la capacidad formativa determina todas ellas y es en la configuración e impulso de esas actividades donde cabe exigir siempre más perspectiva, anticipación e impulso político. Podemos imitar otros territorios y sociedades o mejor todavía, recuperar nuestra propia memoria de un tiempo no tan lejano en el que el País Valencià fue referente positivo (incluso en la anticipación y experimentación de la LOGSE y los módulos de FP). En cualquier caso, la sociedad valenciana necesita romper con lealtades traicionadas y corruptelas que la lastran, para volver pronto a la senda de crecimiento, de progreso y de empleo que, junto a otras, fueron seña, orgullo, y efecto llamada para tanta gente que venimos de fuera. Podemos.
