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El espíritu de Fraga y el «consenso» constitucional

El miércoles se cumplirán dos años de la defunción física de Fraga, pero su espíritu no ha muerto. Muy al contrario, está más vivo que nunca. Y no lo digo ya por la censura rampante (que habría mucho que decir), sino por la intención de imponer su concepción moral de la sociedad respecto del aborto que nos hace retrotraernos al proceso constituyente español.

En aras del tan magnificado y mitificado consenso constitucional, se abandonaron las pretensiones de constitucionalizar tanto el divorcio como la planificación familiar y la interrupción del embarazo. Esto puede interpretarse como máximo desinterés por introducir constitucionalmente derechos que afectaban y afectan de modo especial a las mujeres. Las cuestiones del divorcio y del aborto fueron usadas por las fuerzas progresistas de este país como moneda de cambio en aras de dicho consenso, retirando todas las enmiendas al proyecto de Constitución que al respecto habían formulado. Entre éstas me gustaría recordar la propuesta por la diputada comunista Mª Dolors Calvet, que respecto del actual artículo 39 proponía la siguiente redacción para su apartado primero: «Los Poderes Públicos aseguran la protección económica, jurídica y social de la maternidad y de la familia, por medio de prestaciones sociales, de disposiciones fiscales y de programas de planificación familiar a cargo de la Seguridad Social y de cualquier otra medida adecuada. Entre los métodos de dicha planificación podrá incluirse la interrupción del embarazo, en las condiciones fijadas por la ley». También el senador Lluis Mª Xirinacs, jesuita, planteaba la promoción por los poderes públicos de programas de planificación familiar, incluida la interrupción del embarazo, a fin de dar contenido al ejercicio de una maternidad y una paternidad responsable. Y Alfonso Moreno, del PSI, coincidía, en cierta medida, con la anterior enmienda de Xirinacs en el sentido de constitucionalizar la interrupción del embarazo como garantía de la libertad de conciencia y, principalmente, a fin de procurar la igualdad desde una perspectiva socioeconómica.

Pero la Alianza Popular de Fraga se empeñó en mantener una enmienda al actual artículo 15 de la Constitución a fin de forzar un falso debate sobre el aborto en el Pleno. Defendían una redacción distinta a la aprobada por la Comisión, proponiendo que, en lugar de «la persona tiene derecho a la vida», figurase «Todos tienen derecho a la vida», fórmula que quedó aprobada definitivamente y que ha propiciado que se ponga en cuestión durante tanto tiempo el derecho a la maternidad libremente decidida, finalmente garantizado y desarrollado por la vigente Ley Orgánica 2/2010.

Ahora Gallardón pretende de nuevo, situarnos en aquel momento, ¿imaginan que se prohibiese el divorcio hoy? Pues con el aborto, igual. Los derechos de las mujeres no son moneda de cambio.

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