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Luis Prats

De imputado a acusado

Hay que seguir creyendo en este país. Muy distinto a creer o confiar en sus gobernantes o clases dominantes. Hablo del país que hemos construido entre todos, el de las instituciones que mal que les pese a algunos, aquellos que miran con acomodaticia nostalgia el régimen anterior, o los que desprecian todo confundiendo personas con instituciones para instalarse en un peligroso coqueteo con la anarquía que conduce inevitablemente al autoritarismo, funciona desde que en la llamada transición, recobráramos como individuos y colectivo nuestras libertades. En muchos casos con lentitud exasperante, propia según los leguleyos de un estado garantista, pero que va cobrando piezas también en las altas capas de la sociedad.

Que haya corrupción no necesariamente quiere decir que las instituciones deban ser abolidas o reformadas de cabo a rabo. La corrupción se debe a las personas que desde los despachos del poder, instaladas allí directa o indirectamente por mor del propio sistema democrático, incumplen sistemáticamente, con sus obligaciones para con el pueblo soberano que les confió la gobernación y administración de los bienes comunes, en ningún caso por culpa de los organismos propios de la organización administrativa y/o territorial del estado. Los poderes con los que se dota un régimen democrático donde el estado de derecho y el imperio de la ley son fundamentos básicos, ejecutivo, legislativo y judicial, no son corruptos per se, sino por las personas que desde ellos ejercen su influencia en la sociedad.

Las comparaciones siempre son odiosas, pero aun así somos tendentes a llevarlas a cabo regularmente con los países de nuestro entorno en el tema que nos ocupa. Si bien es cierto que en este nuestro país no dimite cargo público alguno, no es menos cierto que con las dificultades propias que impone el derecho procesal, que nos ampara a todos, y con irregularidades y sospechas infundadas o no, desde hace bastante años vamos viendo como los poderosos también pasan por los banquillos e incluso por la cárcel, lo que no en todos los países de nuestro entorno tampoco es tan frecuente. Conde y De la Rosa purgaron años de presidio; ministros, secretarios de estado o directores generales también; a los grandes partidos políticos, socialistas y populares, se les juzga y ha juzgado y condenado; empresarios como Ferrán están a la espera de ser juzgados junto a una mesnada de señores del ladrillo imputados en distintos territorios de la piel de toro; la casa real a través de una hija del Rey es imputada por un juez de instrucción balear, y directivos de las desaparecidas cajas de ahorro son acusados de delitos, entre ellos Roberto López, el nefasto penúltimo director de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

De imputado a acusado, va arrastrando sus vergüenzas el que fuera dirigente de la entidad de ahorro alicantina. El juez Gómez Bermúdez ha decidido acusar a López y a Juan Ramón Avilés, a la sazón presidente de la Comisión de Control, nadie por lo visto controlaba al controlador, por sus chanchullos a través de la sociedad TI y otras desde donde desviaban fondos a sus bolsillos y de otros para mayor gloria de su patrimonio y destrucción de la extinta CAM. La mano de la justicia es alargada y sin prisas pero sin pausas acabara metiendo entre rejas a los que protagonizaron la década más ominosa desde que a finales del siglo XIX se creara el germen que dio lugar a la CAM. El vertiginoso aumento de su patrimonio no se puede entender sin relación con la acusación del juez de la Audiencia Nacional, primera de otras que tendrán que soportar en sus espaldas los negligentes y por lo que parece corruptos directivos.

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