Los estados de Colorado y Washington se han sumado a la corriente legalizadora de la venta de cannabis o marihuana que, para el asunto que nos ocupa, viene a ser lo mismo. Junto con el clásico antecedente holandés, y el más reciente cambio legislativo aprobado en Uruguay, constituyen los cuatro ejemplos de venta legal de esta droga, destinada al uso recreativo y no al terapéutico. Conceptos como la despenalización del consumo o la legalización del cultivo y la venta, acaban confundiéndose en un discurso plagado de intereses. Hace años que en España se despenalizó el consumo y es opinión generalizada que así se debe proceder. El consumidor no debe ser criminalizado por una conducta que, en la mayoría de los casos, constituye la evidencia de una enfermedad. Pero esto no implica que la legalización sea positiva para la sociedad. Tratándose de sustancias que generan serios perjuicios para la salud -aspecto relevante que nadie parece discutir pero muchos prefieren obviar-, acaba uno preguntándose qué razones justifican las propuestas de legalizar el comercio de estas drogas.
Tengo algunas dudas sobre el hipotético incremento en el consumo que podría generar una legalización adecuadamente controlada, como objetan sus detractores. Tampoco estoy convencido de ese descenso de la criminalidad, que aseguran sus valedores. Pero sí observo que, detrás de la supuesta defensa de la libertad individual, acaban predominando los intereses económicos. Intuyo que no hay tanta inocencia entre las propuestas liberalizadoras. Tanto en Holanda como, muy especialmente, en Colorado y en Washington -ojo, no la capital sino el estado norteño- pesan mucho estos argumentos.
En el caso holandés, el turismo se ha resentido en aquellas ciudades en las que se ha prohibido la venta en los «coffee shops» a los no residentes. De ahí que Amsterdam decidiera hacer caso omiso a esta modificación legislativa y seguir vendiendo a diestro y siniestro. Por otra parte, en Colorado se estima que los beneficios anuales de las ventas se acercarán este año a los 600 millones de dólares, cantidad nada desdeñable para un estado con una población similar a la de la Comunidad Valenciana. El negocio es de tal calibre que sólo por la venta legal de marihuana -eso sí, incluyendo la de uso terapéutico- se calcula alcanzar este año, en los Estados Unidos, unos ingresos cercanos a los 2.400 millones de dólares. Un mercado que ya cuenta con varias empresas cotizando en Wall Street y buscando nuevos inversores para una industria en rápido crecimiento. Esta es la única realidad objetivable por el momento.
Una vez legalizado, el negocio ofrece una relación coste-beneficio inmejorable. Y basta con reducir la percepción del daño que se produce sobre la salud pública, banalizando el consumo, para tranquilizar conciencias. A la vista del incremento del precio de la marihuana en los últimos años, no hay duda de que hay mucho en juego. Entre 2008 y 2011, el precio de la marihuana en España se incrementó en un 46%. Un aumento que va parejo al de la pureza de THC, su principal alcaloide. Es evidente que nada tiene que ver un canuto de hoy con los de hace apenas cinco años. Vaya, que colocan mucho más. Muchísimo más. Y no hay que ser muy avispado para prever qué se consigue con este incremento de la concentración de THC. Obviamente, una mayor capacidad adictiva de la sustancia o, en términos comerciales, la fidelización del cliente; con un pequeño matiz: aquí los «clientes» son, en muchos casos, enfermos.
El modelo norteamericano -como no podía ser de otro modo- descansa en el capital y no en las libertades, que apenas son el decorado de esta farsa. Colorado ya ha concedido 348 licencias de venta y Washington va camino de superar las 900, cifras muy superiores a las 650 que existen actualmente en toda Holanda. El capital seguirá invirtiendo en un producto seriamente dañino para la salud aunque, todo hay que decirlo, por fin los narcos acabarán pagando algunos impuestos. Cuando menos de las ventas legales, que las ilegales seguirán existiendo como todo producto vendido, a menor coste, fuera del mercado. En contraposición, la tenencia para consumo propio y el autocultivo se limitan en extremo -bajo pena de prisión-, que la cuestión es derivar el mercado a los establecimientos autorizados.
Otro ejemplo, aunque con algunos matices, es el uruguayo. Experimento, más que ejemplo, como bien lo ha denominado el propio presidente del país, José Mújica. Y un experimento interesante aunque no exento de riesgos. En Uruguay será el propio Estado quien conceda las licencias de producción y venta, exigiendo el registro previo de los compradores. Ahora bien, como le pillen a uno con más de seis plantas en casa o produciendo medio kilo al año para su propio consumo, a cumplir condena. Y hasta diez años, que no es poco ¿Ventajas? Si realmente se opta por un control estatal, éste permitiría introducir elementos terapéuticos e incidir directamente sobre los consumidores, dirigiéndose hacia la reducción de la demanda mientras se limita la oferta. Pero, si el sistema acaba consistiendo en la simple concesión de licencias, el resultado estará condicionado por el interés de venta del adjudicatario, dirigido a aumentar el consumo y no a reducirlo. Evidentemente, la intervención estatal directa ofrece un escenario más favorable para disminuir la demanda. La duda está servida.
Leo en algunos medios que la propia Organización de los Estados Americanos (OEA) apoya la iniciativa uruguaya. Ya saben que no hay nada como repetir una mentira mil veces para convertirla en verdad. Conozco bien la Declaración de Antigua, a la que hacen referencia quienes argumentan este supuesto apoyo internacional. Por fin, en las Américas, se empieza a percibir al adicto como un enfermo. Pero no recuerdo nada que haga pensar en despenalizar a quienes trafican con este tipo de drogas. Releo el documento y no encuentro reseña alguna sobre la supuesta despenalización de la producción y venta, sino respecto a la necesidad de abordar nuevos enfoques basados en la evidencia científica. Para más abundamiento, la declaración recuerda la importancia de cumplir con las convenciones internacionales de fiscalización de drogas. Así pues, nada de legalizar. Una vez más, información interesada al más puro estilo goebbeliano.
Pasó el momento de hipotetizar. Solo cabe esperar los resultados de estos experimentos sociales. Hasta entonces, dejémonos de tanta monserga legalizadora o prohibicionista, y preocupémonos por disponer de una oferta de tratamiento y de prevención, eficaces y realistas. Sin estos elementos, sobra toda discusión.
