e acaba un año duro, uno de esos a los que solemos referirnos diciendo aquello de «un año para olvidar». Y, sin embargo, mal haríamos si no tomamos nota de algunos detalles, precisamente para no correr el riesgo de olvidarlos. De todo hay que aprender y mucho más de las experiencias sufridas.

Si el 2012 lo terminaba Fabra con una actuación insólita, consistente en modificar la composición y estructura del Consell sin acudir a les Corts a explicarlo, el 2013 no lo termina con mejores maneras. El president se ha instalado, decididamente, en la regresión y busca en los modos y formas del pasado la solución para su futuro.

El pasado sábado 21, INFORMACIÓN titulaba en primera página: «La Generalitat hipoteca futuros gobiernos con facturas sin pagar que superan los 31.700 millones». El dato derivaba del recientemente presentado Informe de la Sindicatura de Cuentas, correspondiente al ejercicio de 2012. Cuando algunos pretenden acabar con organismos de control, como la Sindicatura, hay que poner en valor el papel que realiza esta institución, al menos en nuestra Comunidad. Muchos de los escándalos que ahora ocupan las páginas de tribunales llevan saliendo, desde hace años, en los Informes de fiscalización que realiza esta entidad, sin que repararan en ello los que ahora reivindican el ahorro que supondría su supresión. El ahorro, de verdad, se hubiera producido corrigiendo las irregularidades en materia de contratación que, año tras año, denunciaba la Sindicatura. Pero eso sólo lo reclamaba la oposición con el apoyo de los escasos medios de comunicación independientes que no le bailaban el agua a los Consells del PP. Volviendo al tema, cualquiera que haya seguido simplemente los titulares que este periódico ha venido dedicando, estos últimos días, a los distintos apartados del Informe citado, habrá podido constatar que se ha mejorado poco la gestión de los fondos públicos. Sólo la obligación de poner las facturas pendientes encima de la mesa, para poder recibir préstamos del Estado para pagarlas, ha hecho que conozcamos la existencia de una deuda que permanecía oculta y que, y esto es lo grave, se había generado y gestionado al margen del Presupuesto. Podemos decir que ha venido funcionando una especie de economía pública clandestina y que Fabra ha mantenido esa práctica mientras le ha resultado posible hacerlo. Los enjuagues con las deudas y las subvenciones de las empresas públicas, que hemos conocido ahora, así lo certifican. No hay un solo indicio que invite a esperar un aumento de la transparencia y la eficacia en la gestión.

El segundo detalle se aprecia en el nombramiento de Lola Johnson como Secretaria Autonómica de Comunicación y en la remodelación del área de Presidencia para poner en sus manos el control del potente aparato de propaganda del Consell, que ahora incluye también el de las empresas públicas. La que fue portavoz de Camps y dirigió Canal 9 en los momentos en que se ocultaban las informaciones relativas a la trama Gürtel va a ser la encargada de definir cómo nos cuentan el futuro. Es un clarísimo mensaje de que estamos en plena involución hacia la filosofía de los tiempos de Camps: a falta de resultados reales, propaganda, propaganda y propaganda. Dicen que estos cambios hay analizarlos en clave interna y que derivan de las guerras por el control del PP. Al parecer, esto significa que gana Serafín Castellano, otro insigne ejemplo de opacidad andante. Cuatro años después de reconocer que había otorgado infinidad de contratos en distintas consellerias a las empresas de su amigo Taroncher y de comprometerse a ofrecer cumplida explicación de todo ello, todavía esperamos alguna palabra suya al respecto. A Castellano le salvó la potencia informativa del caso Gürtel que hizo pasar al olvido la existencia de su trama particular y ahora, con el paso del tiempo, es el referente del futuro que nos ofrece Fabra.

El tercer acontecimiento se desarrolla en Orihuela, con la presentación de la moción de censura contra el actual equipo de gobierno municipal. Durante un tiempo, Fabra y sus acólitos, con el vicepresidente Císcar a la cabeza, intentaron convencernos de que las cosas habían cambiado, respecto del protagonismo de cargos públicos relacionados con actividades de corrupción investigadas por los tribunales. Es verdad que nunca actuaron con contundencia contra imputados de peso, teniéndolos por docenas, pero, al menos, mantenían un cierto discurso regeneracionista. Ya ni eso. La moción de Orihuela, justificada de manera esperpéntica por Císcar y suscrita en presencia del inefable Castellano, proclama a los cuatro vientos que las cosas siguen donde estaban en la época de Camps y que, para el PP, la corrupción no ha sido ni será nunca un problema del que haya que preocuparse. Tienen muy bien aprendida la doctrina de la reclamación de la presunción de inocencia mientras obstaculizan la acción de la justicia, como han hecho en Madrid ocultando y destruyendo pruebas.

Por encima de todos estos episodios, lo verdaderamente grotesco es que el Consell de Fabra funciona como la corte de los Austrias o de los Borbones, en la época del absolutismo. Hay que determinar, en cada momento, quién tiene realmente peso o influencia sobre el monarca para saber por dónde irán las cosas. Ahora se llevan las Secretarias Autonómicas, como la nueva de Coordinación o esta nueva/vieja de Comunicación que, junto con Castellano, han dado al traste con el ascendiente de Císcar. No sabemos muy bien hacia dónde iba Císcar, porque si algo ha quedado claro durante sus meses de influencia ha sido la falta de objetivos definidos, más allá de sobrevivir al día a día. No echaremos de menos su estrategia pero la dirección que apuntan los nuevos validos de la corte valenciana y los detalles aquí comentados son desoladores. Lo dicho: un año para no olvidar.