La huelga en el transporte urbano e interurbano que sufrimos en Alicante es responsabilidad de la Generalitat, que no tiene dinero y pretende hacernos olvidar que, por ley, es su obligación pagar el servicio de autobús entre las ciudades. Un servicio esencial y público que desde hace décadas se adjudica por parte de la administración a empresas privadas para que alcaldes y consellers se ahorren quebraderos de personal, salarios, técnicos, etc. En el colmo de la incongruencia, la consellera Isabel Bonig quiere el mismo servicio del autobús comarcal (azul), pero sin poner el dinero que le corresponde, con lo que para salir del atolladero sólo caben tres posibilidades: duplicar el precio del billete y que todo lo pague el usuario (inaceptable), pretender que la empresa adjudicataria asuma el déficit (una quimera); y, quizá lo más sensato y práctico, que Bonig entienda de una vez por todas que no puede venir a Alicante a ensayar lo que no se atreve en Valencia y Castellón. Señora consellera, dé una solución cuanto antes y no nos cree más líos, que los alicantinos también somos de la Comunidad.
