El Partido Popular ha impuesto la LOMCE en solitario. Es la peor forma de ejercer y entender la democracia, que por habitual en estos tiempos de crisis, no deja de ser una cornada más al vapuleado sistema educativo de un «toro crecido» por fervoroso aplauso, aquel que le brinda una Conferencia Episcopal Española impropia de la Iglesia del siglo XXI que intenta sacar del medievo el Papa Francisco. Difícil tarea en esta España en la que la vieja curia, añorante de palio, ha permanecido por siglos junto al poder opresor.
Hace ya tiempo que el ministro José Ignacio, sin vergüenza torera, evocó al gran Miguel Hernández para autodefinirse como ese «toro que se crece ante el castigo». Sabía ya entonces que lo tendría y, de hecho, lo buscaba. Sin entrar a valorar su deliberada provocación, destinada a distraer atenciones de los otros muchos problemas del Gobierno y del PP, lo cierto es que ha cosechado el rechazo de toda la comunidad educativa y de una sociedad que lo valora como el peor ministro de nuestra historia. Triste mérito, triste faena y penoso legado el que nos queda ¿otra vez por la Gracia de Dios? ¡No! Otra vez por la miseria del hombre.
Las protestas educativas no han sido ninguna fiesta de cumpleaños aunque así fueran calificadas en inmunda declaración ministerial. Han sido y son la expresión de una lucha contra el deterioro y el empobrecimiento decretado contra la educación, justo lo que se pretende ocultar con el humo de la LOMCE. Ha sido y es, la educativa, la lucha más extensa y sostenida que se ha dado en este país desde la transición. En ella toda la oposición se ha unido; y las familias y los estudiantes también; en ella los expertos han hablado y el profesorado también; y lo peor, en ella todos y todas han sido ninguneados con arrogante mayoría e inviable aislamiento parlamentario. Todo un sinsentido.
No tiene amigos, sin duda, el ministro del oprobio a la educación (humillación docente, afrenta social, agravio territorial, ignominia gubernamental, vilipendio educativo, infamia estudiantil, vileza política, vergüenza internacional), de tenerlos de verdad, ya le habrían dicho que no se ciegue con su pasión, que ni es torero ni es toro, y que no hay mejor lidia que la ejercida en el aula, con magistral profesión, por quienes de verdad soportan todo el peso de la educación. Vuélvase a toriles con el abucheo del respetable y ahórrenos su terco exhibicionismo con el traje de emperador con el que cree vestir.
Aprobada la LOMCE aún pudimos oír de la boca que susurra al oído de la Secretaria de Estado que las repite, o viceversa, que tanto monta, las cinco razones por las que se impulsa la ley: reducir las tasas de abandono escolar; mejorar la calidad y los resultados; dar autonomía a los centros; potenciar y dignificar la FP y mejorar la empleabilidad. Pena que ninguna se sustente en el texto de la ley. Ninguna. Al contrario, el texto de la ley garantiza una discriminación temprana y una bajada de resultados educativos globales en beneficio de centros exclusivos de élite, facilita el control político de los equipos directivos y docentes, devalúa la Formación Profesional y garantiza el aporte de la mano de obra de escasa cualificación profesional que exige el actual mercado laboral.
Creen o así lo quieren hacer creer, que los recientes informes PISA (de población adulta y en edad escolar) refuerzan las razones con las que pretenden justificar una ley y unos recortes excluyentes y antisociales. Sin embargo PISA destapa tres evidencias que no son abordadas en el debate ni en la Ley: que siguen mejorando los índices de fracaso y abandono escolar temprano, y los resultados en general, con comunidades autónomas que pueden presumir de ello; que los recortes nos hacen perder igualdad y equidad en el ranking de los sistemas educativos; y que arrastramos un déficit educativo histórico que tiende a perpetuarse por razón económica, territorial y de clase social.
Sin embargo, olvidando que venimos de un país con una alfabetización bajísima (hasta 1970 no tuvimos escolarización obligatoria, que lo es hasta los 16 años sólo desde 1991) y obviando que no ha dado tiempo a que sea subsanado generacionalmente ese déficit de conocimientos y hábitos, Gobierno y opinadores mercenarios que nada quieren saber de la realidad de centros y aulas, intentan explicar la histórica y compleja realidad educativa española con una simplista y falaz catástrofe legislativa, la que arrancó con la LOGSE y nos conduce a la mediocridad desde una pretérita excelencia educativa.
Mienten en una y otra cuestión. Ni existe pasado glorioso -educativo- en España, ni puede ser calificado de mediocre un sistema educativo que, con clara infrafinanciación, produce las más altas tasas de formación superior de su historia, supera en titulados universitarios a Francia o Alemania, ha acuñado la triste y famosa «fuga de cerebros» y genera una legión de científicos e investigadores becarios que malviven por vocación.
Todo vale para justificar una ley segregadora, adoctrinadora y clasista, hecha a medida de unos mercados que reclaman mano de obra barata y acrítica, y que limita la formación superior a quienes la puedan pagar. Dicen querer mejorar la educación al tiempo que la estrangulan económicamente y la someten pedagógicamente a metodologías del pasado. Niegan los logros de los últimos 25 años e ignoran las carencias señaladas por el profesorado que los sufre. Hablan de diálogo y manos tendidas al mismo tiempo que niegan el pan y la sal a quienes las reclaman y, de paso, entierran definitivamente el Pacto Educativo que necesitamos hace ya tantos lustros.
Es sonrojante la desfachatez e hipocresía con que se defiende esan sinrazón legislativa que perpetúa la inseguridad e inestabilidad educativa. Todo en este país que consagra la educación y la igualdad en una joven Constitución recientemente conmemorada. Es de vergüenza. Del viejo Evangelio y de los privilegios predemocráticos de la Iglesia Española podríamos hablar otro día, sirva de entrada la cita que titula el artículo. Por nuestra parte y responsabilidad seguiremos resistiéndonos con todas las formas democráticas que consideremos a esta ley que consagra la educación como una mercancía y no como el espacio de acceso al conocimiento y el poder de transformación de la realidad desde los valores de la justicia, la igualdad y la libertad.
