La justicia o el caos es el titulo del libro de Denis Robert. Sin embargo, esa es la disyuntiva - por muy impetuosa que parezca la afirmación- cuando la justicia no juega el rol que debe desempeñar. Hay una trascendencia en todo lo que afecta a la justicia, por cuanto que la incidencia en ella tiene su corolario en el buen desarrollo de las relaciones sociales, en el propio orden político y para la pretendida paz social a que se remite el art. 10.1 CE..

Hablar de justicia lleva por fuerza hablar de política, de economía, de periodismo, de sociología, del funcionamiento de nuestras democracias, y de tantos otros aspectos. La conclusión es obvia: ello es así por la interrelación existente con el valor (constitucional) Justicia. Estamos en época de cambio, que a tenor de lo visto, es a peor. Aunque creo que es puro gatopardismo, o cambiarlo todo para que no cambie nada. Se ha de considerar que los ordenamientos existentes son mejorables. Está en marcha una reforma del Código Penal en el que se intenta, amen otras cosas, el recrudecimiento de las penas. Ese no es el camino; el iter correcto es el de más y mejor educación, pero no la del ministro Wert, que es la del presidente Rajoy, porque eso se llama «adoctrinamiento ideológico». Y la educación, con mayúsculas, es un pilar del Estado sobre el que debe de haber necesariamente convergencia.

Se pretende hacer desaparecer los ilícitos penales leves, es decir, las faltas, para algunas convertirlas en delitos (sic) y otras sancionarlas administrativamente. Ahí tenemos, enhiesto, como espantajo, el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana del ministro Fernández, «sancionando» con multas conductas que conllevan nítido ejercicio de libertades públicas, entre ella las de expresión. ¿Acaso tiene uno que permanecer quedo y mudo ante lo que se considera como un amordazamiento de toda critica social, aunque ésta fuere vehemente? ¿Está exigiendo el poder político que nuestra conducta sea laxa y beatífica ante todo lo que se le ofrece? ¿Genuflexa, acaso? ¿Pero qué está pasando en este país que se llama España?

Ahí estan los Juzgados, sin infraestructura óptima para resolver los litigios que van entrando, y con carga de trabajo exorbitante para el número de funcionarios que le atienden; Juzgados de lo Contencioso -Administrativo absolutamente colapsados (caso de Elche) donde están en juego importantes intereses de los ciudadanos en sus pretensiones frente a las Administraciones Públicas. Aún a pesar del ímprobo esfuerzo y tesón que se pone. Hay un prevalimiento de las Administraciones Públicas - ante esa situación de desbordamiento de la infraestructura judicial- en sus compromisos de liquidación de pagos. Y todo ello aún a pesar de las leyes contra la morosidad. Y mientras tanto, la Administración autonómica - competente sobre el nivel de la «administración de la Administración de Justicia», en palabras del Tribunal Constitucional- diciendo aquello de «a mi no me mires que...». ¿Y el pago del Turno de Oficio a los letrados?

Ahí están las Tasas Judiciales, un año después de su establecimiento, y la desincentivación que ha generado en la petición de tutela judicial. Y lo triste de ello es que deviene de una actitud mendaz del Señor Gallardón, ministro de Justicia, cuando afirmó ante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española que no habría tasas en primera instancia y que, en segunda, en todo caso serían simbólicas y se aplicarían contra las maniobras dilatorias que encarecen y alargan los procesos. «Con una primera resolución judicial- dijo entonces- debe bastar. Si alguien pide revisión, añadió, que pague. Y si gana, se le devolverán» (Revista CGA nº 82). Hay recursos de inconstitucionalidad y plurales cuestiones de inconstitucionalidad elevados contra la expresada Ley de Tasas. Es necesario y urgente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para salir de este callejón sin salida, de este camino obturado.

¿Qué ocurre al presente momento? Sencillamente que la justicia se halla más alejada de los ciudadanos, cuando debería estar presente y viva en todos los rincones de nuestro entramado social. Pero sin Justicia deviene el caos y el abismo. La Justicia - entre otros mandatos constitucionales- controla el poder público; si sus medios son más limitados el predicho control será menor o inexistente. ¿Acaso se pretende actitudes moribundas del servicio público de la Justicia? Seria su contrasentido: una gran «injusticia». Seamos, no obstante, positivos. Al mal tiempo buena cara.