Esta semana acaba el plazo (salvo que vuelvan a ampliarlo) de presentación de enmiendas en el Congreso al proyecto de ley de reforma del Código Penal. En un contexto de protesta social generalizada por las políticas gubernamentales de desmantelamiento del Estado Social reclamadas por el denominado neoliberalismo, se ha denunciado la intención represora de estas protestas que el proyecto destila. Se echa mano demasiado a menudo en el texto de la expresión «orden público» pero no en el sentido que éste debiera tener en un Estado democrático, sino en uno de carácter autoritario, tendente a reprimir el ejercicio de la libertad.
El «orden público» es un concepto jurídico indeterminado, pero de ninguna manera puede entenderse desligado de los valores y principios propios de un Estado social y democrático de derecho constitucionalmente reconocidos. En este sentido, el art. 10.1 de la Constitución dispone que el fundamento del orden político y de la paz social (del orden público, en definitiva) está constituido por la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Los textos internacionales de los derechos humanos también se expresan en términos similares. A pesar de ello, este concepto de 'orden público' todavía está demasiado impregnado de patriarcado y, sin embargo, muy poca gente lo detecta.
Creo que una de las más esclarecedoras definiciones de ese sistema histórico de opresión femenina que ha definido, en consecuencia, históricamente el significado amplio de «orden público» la aporta la gran teórica feminista catalana Victoria Sau, tristemente fallecida el pasado 6 de noviembre. Define esta autora al patriarcado como «una toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres, cuyo agente ocasional fue de orden biológico, elevado después a la categoría política y económica. Dicha forma de poder pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, a la represión sexual femenina y a la apropiación de la fuerza de trabajo total del grupo dominado, del cual su primer -pero no único- producto son los hijos».
Lean atentamente esta definición y analicen la realidad honestamente: ¿quiénes sacrifican sus carreras profesionales por los hijos? ¿a quiénes castiga el mercado laboral por el hecho de la reproducción? ¿quiénes asumen mayoritariamente las necesarias labores de cuidado en sentido amplio? Las preguntas serían infinitas (sobre todo si nos interrogamos sobre la violencia contra las mujeres), pero una de ellas es clave: ¿existe libertad para elegir ser madre o no serlo? El aborto sigue siendo delito en muchos supuestos y en muchos países. La maternidad obligatoria todavía define el orden público en todos los Estados, incluso en aquellos que se definen como sociales y democráticos de Derecho.
