El trato vejatorio propinado a mi compañera Mar Esquembre, constitucionalista y persona comprometida con los derechos de las mujeres, nada menos que en el Congreso de los Diputados, máxima representación de la soberanía, es un ejemplo más de la deriva autoritaria por la que se adentra este régimen de mayoría absoluta basado en la permanente sospecha hacia los que no pertenecemos a la categoría de la mayoría silenciosa acuñada por el Gobierno, un Gobierno al que muchos percibimos cada día más aislado y alejado de los verdaderos problemas de la ciudadanía.

Por lo que publicó Mar en su artículo del domingo pasado y he tenido ocasión de comentar con ella, es muy probable que los servicios de seguridad del Congreso la incluyeran de antemano en una lista de «mujeres peligrosas» por el simple motivo de que se trata de una persona comprometida con la causa de las mujeres.

De manera que a esta sospechosa y peligrosa mujer se la somete a un cacheo integral y se le pone bajo vigilancia en la tribuna de invitados, en contraste con el trato que reciben otras personas «amigas» (como fue el caso al día siguiente de la Sra. Rita Barberá, que visitó el mismo lugar) en lo que se podría llamar un mecanismo ideológico-preventivo que vulnera a todas luces el principio de no discriminación y otros derechos de la persona que tienen que ver con la dignidad y la intimidad. Mar Esquembre tiene intención de denunciar los hechos, lo que me parece correcto, no sólo para que se le restituya a ella en su dignidad sino en beneficio de toda la ciudadanía.

El Gobierno se adentra, como digo, en una pendiente autoritaria que encuentra eco en algunas de sus bases, siempre dispuestas a jalearlo y a denigrar al tiempo a las personas que ponen de manifiesto los abusos (ya sean ciudadanos normales y corrientes, funcionarios, jueces o personas como Mar) y a entender el Estado de Derecho según les conviene, olvidando la máxima de que el Estado de Derecho a quien obliga en primer lugar es al propio Gobierno y a todas las autoridades. La perversión del Estado de Derecho, como dijera el propio Montesquieu, a quien tanto se cita, consiste precisamente «en ejercer la tiranía en nombre de las leyes».

Son tantos los ejemplos de la tendencia a responder con medidas represivas e intimidatorias a la exigencia de que las leyes se cumplan y que los derechos sean efectivos, como la Constitución proclama, que no sabría por dónde empezar. Hay circulares en la Moncloa y en la INJUE que presiona a los funcionarios a que no ejerzan sus derechos en protesta por los recortes (si esto pasa en la Moncloa, por qué no en el Congreso). La garantía del derecho de reunión y manifestación -que son los primeros derechos en verse afectados cuando la ciudadanía pacífica y legítimamente protesta- está hoy bajo la infundada sospecha de amparar a revoltosos y violentos. Se incumple el principio constitucional de que «todos debemos contribuir a las cargas públicas con arreglo a nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y proporcionalidad» (véase la SICAV y otras prebendas tributarias); el criterio constitucional de una asignación equitativa de los recursos públicos, se vulnera con los recortes y la inequidad en las subvenciones; se priva a los trabajadores de la negociación colectiva, cuando la Constitución establece que la «ley garantizará el derecho a la negociación colectiva»; se dice que hay que proteger a la familia, cuando muchas familias están fracturadas y en proceso de desintegración por el desempleo, los desahucios y los recortes que lesionan el derecho a la salud y a la educación de los hijos, por no hablar de la dependencia; y así se podría seguir: Con la añadidura de que la desigualdad rampante con que se está saldando el 0.1 del crecimiento, va a convertir a España en el país más desigual de toda Europa, con un núcleo de ricos, para quienes el dinero entra a espuertas, y una mayoría de pobres sin perspectivas de futuro.

Y todo ello, con ser lacerante en general, afecta doblemente a las mujeres, sobre las que se ciernen otras amenazas de carácter ideológico-conservador que prepara con gran celo el ministerio de Justicia. El abuso cometido contra Mar, una persona que se destaca precisamente porque huye de los focos y se dedica a trabajar honesta y responsablemente en su profesión, con un compromiso firme en defensa de los derechos de las mujeres, es un ejemplo bien significativo del modo en que se conduce el poder actualmente establecido. Su caso es el de todos, y por ello, tiene que recibir todo nuestro respeto y apoyo.