Alberto Fabra sigue dando tibias muestras de interés por encontrar una solución a la mala imagen que ofrece el Partido Popular por estas tierras. Y, aunque no consigue superar la manifiesta debilidad que caracteriza su dirección al frente de los populares valencianos, en justicia hay que reconocer que insiste, desde una soledad cada vez más evidente, en reclamar a los suyos la honradez que los electores exigen. Lástima que el tiempo se le vaya acabando sin que ofrezca una respuesta contundente. Ese golpe en la mesa que, a buen seguro, le haría ganar muchos enteros a los ojos de la sociedad valenciana.

Dice el president que no condena a los políticos imputados pero que, para dar confianza a los ciudadanos, debe evitarse que puedan ocupar cargos públicos. Aquí radica el quid de la cuestión. No se trata ya de discutir si los imputados son culpables o no, que para eso está la Justicia. Más allá de este dilema, lo importante es valorar hasta qué punto debe mantenerse en un puesto de responsabilidad pública a quienes deterioran la confianza depositada por la sociedad. Acepto que estamos obligados a respetar esa presunción de inocencia que todos reclaman. Lo asumo, de igual manera que los imputados debieran reconocer el daño que provocan al sistema democrático y la desconfianza que generan en sus partidos, en la sociedad y en la política. Al margen de que finalmente existan, o no, responsabilidades penales, la suspicacia que motivan en los ciudadanos es una prueba tangible de su ineptitud para el desempeño de un puesto público. Y, siendo así ¿cuáles son las razones por las que se mantiene a aquellos que han perdido el plácet del electorado y, a la vez, perjudican notablemente la imagen de su partido?

Confianza y moral son términos que se intentan obviar en este tipo de cuestiones. Por eso es de agradecer que se recobren. A los imputados -y a aquellos otros que temen correr el riesgo de serlo- les interesa llevarnos al terreno de lo legal y alejarnos de los criterios éticos y estéticos. Pues no, no todo es presunción de inocencia. Olvidan que, independientemente de ser o no culpables de algún delito, la mera existencia de sospechas fundadas -más aún cuando éstas son reiteradas- conlleva la pérdida de confianza para desempeñar cualquier cargo de responsabilidad. Dudo que cualquier empresa privada siguiera manteniendo en su puesto de trabajo a quienes no disfrutan de la credibilidad de sus accionistas. Cuando menos, y como medida cautelar, estarían suspendidos de funciones. Y tanto la Administración Pública como los partidos políticos son, en esencia, empresas dirigidas por este tipo de sujetos cuya honradez está en discusión. Eso sí, con el agravante de que los accionistas somos todos, aunque no se nos consulten las decisiones a adoptar.

Volvemos con la exigencia de la mujer del César y, cuando se llega a estar imputado, podrá seguir defendiéndose que uno es honrado, pero ya se ha perdido la condición de parecerlo. Y la política lo exige así. A la sociedad no le preocupa tanto este galimatías jurídico de imputados, investigados, culpables y no culpables, como el hecho de si estos sujetos son dignos de confianza o no. El respeto a la presunción de inocencia no debe ser una patente de corso que legitime comportamientos que, aun no evidenciándose finalmente como delictivos, quedan fuera de los principios morales de la política. En estos casos, no es sólo la Justicia quien debe decidir el futuro inmediato del imputado, sino también su empresa, su partido, desde el mismo momento en que se adviertan fundadas sospechas de la existencia de conductas moralmente reprochables.

Personalmente me la trae al pairo si los imputados de cualquier formación política son o no culpables. Insisto en que esto es función de los jueces, que para eso están. Sin embargo, sí me preocupa que me representen aquellos que juegan alegremente con la imagen de un partido y con el trabajo de sus gentes. Y, más aún, cuando tienen la responsabilidad de gestionar lo que es de todos. Me asalta una duda. Si finalmente cualquiera de estos imputados fuera declarado culpable de algún delito ¿a quién debo reclamar? ¿No sería tan responsable del daño cometido quien permite que un imputado siga desempeñando sus funciones, aun existiendo dudas razonables respecto a su honorabilidad?

Es habitual justificar el retraso en adoptar medidas, con la excusa de que debe esperarse a la decisión judicial. Me reitero en que la cuestión no radica en la culpabilidad que deberá determinarse en un futuro, sino en la pérdida de confianza que ya se ha generado cuando las dudas sobre la honradez de un político se extienden entre la sociedad. En todo caso, me pregunto qué daño conlleva para el imputado que sea apartado cautelarmente ¿Acaso no tienen el cargo en su condición de representantes de un partido? Me dirán que los cargos son nominales y así es. Pero, al igual que un diputado puede ser expulsado de un grupo -o forzado a hacerlo- también un alcalde o alcaldesa puede ser reprobado por su propio partido e, incluso, ser apartado mediante una moción de censura ¿Que esto es entregar el poder a la oposición? En absoluto. Se trata de un ejercicio de coherencia moral y de respeto a la decisión de los electores. Alguien debería poner en práctica ya este tipo de medidas.

Falta mano dura y menos paños calientes. El día que un partido expulse -insisto, cautelarmente- a todos sus imputados, se habrá ganado el respeto de los electores. Mientras tanto, más de lo mismo.