Ocho años después del cambio del Plan Hidrológico Nacional que condenaba el Tajo-Segura, el ministro Miguel Árias Cañete ha reconducido la situación convenciendo a Castilla-La Mancha para suscribir el memorándum que abole la cláusula Narbona. La disposición adicional (el término al agricultor poco le puede aclarar el tema pero tiene su importancia) que ponía fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, al imponer el agua desalada frente a la que se envía desde el complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía. Una decisión importante en la que ha tenido mucho que ver el vicepresidente del Consell, José Císcar -al que nadie creyó o entendió cuando presentó en marzo el tan cacareado memorándum de entendimiento sobre el Tajo- que, de entrada, salva el envío de caudales del Tajo a la provincia de Alicante y Murcia y pone fin, momentáneo, a la guerra del agua. Momentáneo porque, pese a que esta semana sea, por tanto, de gozo para el campo alicantino y para el resto de las empresas que mantienen cien mil empleos gracias al agua del Tajo, queda todavía un largo recorrido para comprobar que lo que en diciembre será ley se respetará en el futuro.
La historia sobre el Tajo-Segura está llena de incumplimientos y pocas veces se ha respetado lo que se acordó, también por ley, a mediados de los años 70 del siglo XX, cuando comenzó a llegar un caudal que tiene su parte de responsabilidad de que Alicante siga siendo la cuarta provincia de España, aunque hoy cueste creerlo. Entonces se hablaba de hasta 1.000 hm3 al año. Cifra que se quedó en los 350 hm3 y gracias.
Tiene lógica, por tanto, que la Uniò, Asaja y el propio PSOE -el mismo que cuando gobernaba en Castilla-La Mancha trató de cerrar el trasvase- recelen del acuerdo que incluye elevar hasta los 400 hm3 la reserva a partir de la cual no enviará una sóla gota de agua a Alicante, máxime cuando no hace ni un mes la Mesa Provincial del Agua, dirigida por la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, advertía con informe del prestigioso Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante en la mano, de que en años de sequía lo tendremos crudo. Pero hete aquí que en el famoso memorándum se incorpora un artículo en el que está la clave: los desembalses irregulares en la cabecera del Tajo.
Durante años se ha venido sacando agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía sin ningún tipo de control y con la comisión de explotación del trasvase mirando hacia otro lado. Hoy, existen informes que certifican que esta actividad ilegal genera un caudal anual superior a los 100 hm3 de los que nadie sabe nada. Ahí está una de las claves para garantizar que haya agua para trasvasar y los municipios ribereños y la propia De Cospedal no monten en cólera. Vigilar una práctica que lleva años clandestina.
El trasvase, la tubería, está salvado y ayer fue un día de gozo para muchos de los artífices del acuerdo, pero el camino es largo. Entre ellos Árias Cañete, el ministro que dicen que quiere irse a Bruselas, y que ahora se encuentra con un problema añadido, qué hacer con las desaladoras. Día feliz también para Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante, la comunidad que agrupa a 20.000 agricultores alicantinos que reciben el agua de Tajo. E incluso para Juan Cotino, exconseller de Agricultura, hoy apartado de la política hídrica, pero al que es justo reconocerle que trabajó por poner las vías al acuerdo cuando en su día paró el estatuto de Castilla-La Mancha que hubiera matado el trasvase.
Lo dicho, buen acuerdo, pero atentos, que el Tajo-Segura no se convierta en un trasvase «trampa», latiguillo que tanto gusta manejar a algunos cargos públicos populares. La tubería está salvada. Ahora, ¡que fluya el agua!
