Nuestra Constitución, en el artículo 50, ordena que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Esta actualización periódica de las pensiones se hacía sobre la base del índice de precios de consumo (IPC), normándose dicha actualización por medio de los correspondientes reales decretos de revalorización de pensiones. El Gobierno popular ha roto la relación del importe de las pensiones con el IPC, y ha señalado un aumento lineal para todas las pensiones del 0,25, por lo que este año que se calcula la inflación en 1% se habrá perdido un 0,75%, y así sucesivamente año por año. Ante este atropello a los pensionistas, alegan que el PSOE es el que rebajó las pensiones, lo cual no es cierto pues el Gobierno socialista es el que más había elevado las pensiones: el 40% en los cuatro últimos años de su gobierno y en el momento de la crisis congeló por un año el aumento salvo las pensiones mínimas que siguieron siendo actualizadas, y por mandato de Bruselas bajo la amenaza de rescate de la deuda y economía española, y dejando un superávit o fondo de reserva de más de 60 mil millones de euros. Precisamente a esta medida y a la aprobación del presupuesto de reducción del gasto público se opuso el Partido Popular, diciendo que los pensionistas eran los más vulnerables e indefensos y que no se debía tocar sus pensiones. Y en su programa electoral se decía textualmente: «El Partido Popular está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones». El entonces aspirante a la Presidencia Mariano Rajoy, decía frases como «si hay algo que no tocaré serán las pensiones». La palma se la llevó María Dolores de Cospedal asegurando que «cuando Rajoy sea presidente de España volveremos a subir las pensiones». Ya siendo presidente Rajoy, dijo refiriéndose a las pensiones: «Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago».

Pues al grupo social «más vulnerable e indefenso» que son los pensionistas se le va a quitar el 0,75% de su poder adquisitivo según las cuentas oficiales del IPC. Pero también supone una manipulación gubernativa de los productos que entran en la cesta de la compra para calcular el IPC, pues hay productos que son los que más repercuten en los pensionistas que han subido mucho más del 1%. Veamos cuales: las frutas frescas se han encarecido un 25,9% en el último año, el precio del aceite ha aumentado un 23,3%, las patatas un 31,2%, las medicinas un 7,9% y el copago, el transporte público un 4,7%, la bombona de butano un 7,2% y la luz un 11,9%. En cambio han bajado productos que apenas tienen incidencia en los pensionistas: productos industriales, automóviles y precio de venta de las viviendas. Así que para los pensionistas la carestía de la vida de los productos básicos ha subido muchísimo.

El Gobierno popular dice que no se puede mantener el coste de las pensiones conforme el IPC, pero seguimos invirtiendo menos que la media europea (el 10% del PIB por el 12% de la media de la UE) y para 2050 el gasto será como el que hoy en día tienen países como Italia y Francia, en torno al 14% del PIB.

Otra falacia es la consideración que los actuales trabajadores son los que están pagando las pensiones, y como cada vez hay menos cotizantes y más pensionistas el sistema actual es insostenible. Esto no es cierto pues los actuales pensionistas se pagaron sus pensiones, con sus cuotas, por lo que es un derecho adquirido después de cotizar años y años. Y por otra parte si se ha administrado mal el fondo de pensiones, y se ha despilfarrado la reserva de más de 60 mil millones, si no hay bastante dinero de cuotas se debe completar con los presupuestos del Estado, como cualquier gasto social de educación y sanidad. El propio Pacto de Toledo establecía que «la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y que toda subida por encima del IPC (o del índice que, en su caso, pudiere adoptarse) sea sufragada con cargo a otros recursos financieros». Pues bien, si los recursos de la Seguridad Social no pueden mantener el poder adquisitivo de la pensiones, lo cual además parece que no es cierto, se debe acudir a otros recursos financieros, como es el presupuesto del Estado. No se debe tolerar que se destruya el Estado del Bienestar y empezando precisamente por los de la tercera edad, el grupo social «más vulnerable e indefenso», según frase del propio Rajoy.