De un tiempo a esta parte venimos escuchando las bondades de la comida caducada o cuya fecha preferente de consumo se ha superado. Todo parece indicar que, antes de legalizar el consumo de lo que hasta hace poco era un delito contra la salubridad pública y seguridad alimentaria, resulta conveniente mentalizar a la población que las fechas de caducidad sólo son orientativas, y por consiguiente, abrir el debate sobre el consumo de comida caducada. Las declaraciones del ministro Cañete sobre los yogures caducados suponen un argumento más en pro de convencernos que podemos alimentarnos de esta modalidad de productos sin que perjudique nuestra salud.

Grecia, asolada por una situación crítica y un empobrecimiento radical de sus ciudadanos ha visto modificada su legislación para que los establecimientos puedan vender productos caducados, dispuestos en estantes separados y a precios reducidos. En EEUU abrirán próximamente una cadena de establecimientos, The daily table, que se dedicará exclusivamente a la venta de productos caducados a unos precios más económicos. Su propietario, el inefable empresario Doug Rauch asegura que el negocio será exitoso, con precios rebajados y destinado a clientes con escasos recursos económicos.

Uno de los argumentos que se emplean para defender estas prácticas es el aprovechamiento que supondría el consumo de la comida que desperdiciamos y que finalmente va a la basura. Pero existen redes de banco de alimentos como la FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos, una organización que aglutina a 55 bancos de alimentos españoles, premio Príncipe de Asturias a la Concordia el año pasado, y que ha puesto en marcha para noviembre de 2013 una gran recogida de alimentos contra el hambre y el despilfarro), que pretenden recuperar excedentes alimenticios para redistribuirlos a las personas que más lo necesitan y sin cobrar por ello. O sea, existen alternativas al desperdicio de alimentos. Porque lo que causa indignación son las razones de algunos supuestos empresarios que no dudan en emplear argumentos de apelación a la justicia y a la responsabilidad social para justificar la venta de alimentos caducados, cuando lo único que pretenden es ganar dinero y esto me parece propio de individuos sin escrúpulos.

De esta forma, si ya de por sí la crisis económica ha empobrecido a una parte la población y ha generado una desigualdad social que tardará décadas en volver a nivelarse, si es que lo hace, la puesta en marcha de esta idea de «negocio low cost» divide a la población entre ciudadanos de primera y de segunda categoría.

Porque si la comida caducada no tiene riesgos para la salud, todos los ciudadanos podríamos consumirla ¿o no? Sabemos, porque así lo han manifestado organizaciones de consumidores y agencias para la seguridad alimentaria, que muchos alimentos son pasto de bacterias que pueden generar intoxicaciones y patologías en los humanos. Por tanto, no estamos ante una cuestión baladí sino ante la legitimación social del consumo de alimentos caducados cuando no se tenga dinero para comprar comida de calidad o en buen estado. Quien dice comida, puede entender fármacos u otros productos para la salud y la higiene humanas.

Si las etiquetas y embalajes que alertan sobre la caducidad nos llevan a confusión, lo idóneo es modificarlas para que a todos se nos clarifique las fechas de los consumos óptimos y prolonguemos la vida perecedera del producto.

Pero la cuestión, tal y como la veo, no se hace extensiva a todos, sino sólo al sector más pobre de la ciudadanía, aquel que no tiene recursos económicos y que, como al fin y al cabo hay que comer todos los días, puede hacerlo pero con comida caducada que no comerán aquellos que puedan pagar otro tipo de alimentos de más calidad. La gran ironía es que en cualquier momento podemos convertirnos en consumidores de comida caducada y ciudadanos de segunda?