La jefa de Tribunales de este periódico, mi compañera Mercedes Gallego, desvelaba el viernes pasado la localización por parte de la Policía de una cuenta a nombre del abogado Javier Gutiérrez, exconcejal del PSOE en Alicante y socio del hermano de la alcaldesa Sonia Castedo en el despacho Salvetti Abogados, en un banco de las islas Caimán. Gutiérrez, como recordarán, es uno de los imputados en la pieza separada del caso Brugal que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia en relación a un posible amaño del Plan General de Ordenación de la ciudad, planeamiento cuya revisión inició el entonces alcalde Luis Díaz Alperi, también objeto de investigación en este asunto, y que lleva bloqueado más de una década. La cuenta, que no había registrado movimientos desde 2008, tenía un saldo de dos millones de euros. Gutiérrez asegura que en julio pasado regularizó su situación con la Agencia Tributaria, pagando 1,2 millones de esos dos que en total había.

La noticia tiene una significación enorme. Arroja algo de luz sobre una incógnita clave en todo este embrollo: si, como sostiene el fiscal, hubo una confabulación para que determinado constructor (en concreto, Enrique Ortiz), se beneficiara de esa reforma del Plan General, ¿qué ha sido del dinero que se habría pagado a cambio? Bueno, pues de momento acaban de aparecer dos millones de euros escondidos durante años a Hacienda en un paraíso fiscal. Pero la mayor relevancia de lo descubierto se la da lo que a partir de ahora tendría que determinarse: ¿de dónde proceden esos dos millones? ¿Quién los pagó, cómo, cuándo y por qué y quién los recibió -que estuvieran en una cuenta de Gutiérrez no presupone que los millones sólo sean de Gutiérrez- y a cambio de qué? ¿Hay más cuentas?

La inmediata reacción del magistrado del TSJ José Climent, requiriendo información a una veintena de entidades bancarias acerca del patrimonio del exalcalde Alperi -por desgracia, de nuevo ingresado en un hospital como consecuencia de la septicemia que padece desde este verano-, parecen dejar claro que el juez instructor del caso entiende que existe alguna relación entre ese dinero hallado en las Caimán y quien hasta 2008, precisamente el año en que esa cuenta dejó de tener movimientos, fue la primera autoridad de Alicante y el impulsor de la redacción de un nuevo PGOU.

Sorprende que, tras varios años de instrucción, sea ahora cuando se reclame esa información bancaria, pero aún hay cosas en este asunto que llaman más la atención. En primer lugar, ¿por qué el exconcejal metido a abogado urbanista Javier Gutiérrez regularizó con Hacienda el pasado julio la situación de ese dinero si el posible delito fiscal había prescrito en el peor de los casos un mes antes? ¿Acaso tuvo Gutiérrez, como comentaba el viernes por la noche un excompañero de militancia política muy versado en la materia, un repentino ataque de solidaridad fiscal? ¿O lo que buscaba -ingenuamente, espero- es que Hacienda, saldada esta cuenta, dejara de husmear más?

Segundo: dos millones de euros son más de 330 millones de las antiguas pesetas. Si como concejal, la labor de Gutiérrez en el Ayuntamiento no fue excesivamente lucida -ni siquiera muchos de sus compañeros serían hoy capaces de recordar que fue en las listas-, como abogado urbanista su ejecutoria no ha sido tampoco, en apariencia al menos, relevante. ¿Cómo pudo reunir, pues, antes de 2008 tal cantidad de millones? Es cierto que, desde mediados de la década pasada, entre los promotores, contratistas y adjudicatarios del Ayuntamiento de Alicante circulaba la especie de que, si se quería algo rápido del Consistorio, había que acudir al despacho de Gutiérrez, convertido en una especie de gran conseguidor. Como también es verdad que a partir de 2008, la oficina de Gutiérrez se pobló de gente: de un lado, empezó a trabajar en ella el hermano de la hoy alcaldesa y, de otro, la presencia de Alperi en esas instalaciones fue, a decir de muchos de los que las visitaban, una constante. Pero de una forma u otra, lo atesorado por Gutiérrez, sólo en esa cuenta de las Caimán, si es patrimonio exclusivamente suyo, y habiendo entrado en su balance incluso antes de ese rubicón que marca el 2008, es como para haber conseguido muchas y muy sustanciosas cosas del Ayuntamiento cuando Alperi lo presidía. Porque las minutas, hasta las de los abogados urbanistas, rara vez son astronómicas. Las comisiones, o las labores de testaferro, cuando se dan, ya son otro cantar.

Con su extraño movimiento de regularizar algo que no necesitaba blanquear puesto que estaba ya exento por prescripción, el abogado Gutiérrez ha hecho, por así decir, una buena obra. Fíjense que ha devuelto a los ciudadanos 1,2 millones de los 2 que estaban al sol del Caribe. Quizá debería seguir por ese mismo camino y, dado que la colaboración en Justicia siempre es eximente, detallarle al juez Climent las preguntas antes reseñadas: de dónde salió tanto dinero y por qué causas lo recibió. Es posible que, de momento, Gutiérrez haya quedado exonerado ante la Agencia Tributaria, pero Climent, por su parte, debería recordar que él no es inspector de Hacienda, sino magistrado. O sea, que el hecho de que Gutiérrez haya hecho las paces con el Fisco no le libra a él de seguir haciendo su trabajo sobre ese hallazgo en las Caimán, esa cuenta que debería ser investigada hasta la extenuación. Las autoridades del citado paraíso ya se sabe que no van a soltar prenda: llevan varios siglos viviendo de la piratería y no les va mal. Pero también aquí se pueden hacer cosas. Así que, junto a la petición de información sobre los movimientos bancarios y el patrimonio de Luis Díaz Alperi que acaba de cursar, quizá ya está tardando demasiado el magistrado en llamar de nuevo al exedil socialista y tomarle otra vez declaración a la vista del tesoro que han encontrado para que le detalle -y a poder ser, le entregue- los extractos de esa cuenta de las islas Caimán, de tal manera que sepamos cuándo se hicieron los ingresos, por qué montante cada uno, en qué forma y quién los hizo o de dónde procedía originariamente la morterada. Huelga decir que con sólo responder a esos interrogantes, el caso estaría prácticamente listo de papeles. Porque es eso lo que el juez Climent y el fiscal Briones quieren, aclarar esto cuanto antes y que la investigación del PGOU no se dilate tanto en el tiempo como el propio plan, ¿no? Pues, hala. Al tajo.