La acumulación de casos de corrupción ha abierto, en paralelo, varios debates sobre el funcionamiento de la Justicia en nuestro país. De un lado, el de los aforamientos, que a decir de muchos juristas han pasado de ser una obligación -como en espíritu eran, para evitar bloqueos premeditados de las instituciones- a ser en muchos casos un privilegio y en otros un lastre, consiguiendo casi siempre lo contrario de lo que en origen se pretendía, es decir, bloqueando de facto esas instituciones que se querían preservar. De otro, el de las penas: el máximo responsable según la sentencia del saqueo de Marbella, Roca, obtendrá en nada el segundo grado. Y, en tercer lugar, el de los retrasos y los medios. Faltan los segundos, frente a asuntos muy complejos, y hay demasiadas dilaciones no justificadas. Por ejemplo: esta semana el fiscal de Murcia ha retirado por falta de base la imputación contra el diputado socialista Ángel Luna que se conoció hace unos días. Pero es que el fiscal había pedido esa imputación ¡en 2008! Y el tribunal había accedido ¡en 2009! Una situación de locos, que perjudica a todos.
