Como saben, por la familia, las amistades,€ andamos de inauguraciones de curso. Con protestas, pitidos, recortes,€ no hay plaza en la que no se proteste por el austericidio emprendido por el gobierno del PP contra la Educación y la Investigación. Fíjense, mañana lunes el rector de la Universidad de Zaragoza ha suspendido la inauguración oficial del curso prevista con el Ministro Wert, ante los temores de conflictos. Es significativo que el máximo responsable de la política educativa de este país no pueda mostrarse en público por el rechazo frontal que ha producido su reforma, por el rechazo de todos los colectivos afectados a esta cruzada que, incomprensiblemente, ha orquestado el gobierno contra la Escuela pública, contra la Universidad pública. A las protestas, se unen las convocatorias de huelga y movilizaciones convocadas por la Comunidad educativa. Y a ello, el Ministro responde, con tono desafiante y despreciativo, que es una huelga «política» y que las protestas son «políticas».
Atendiendo a su definición, político es lo que se aplica a lo relacionado con el gobierno de un país, con la política; política es «la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión o de cualquier otro modo» (sic RAE). Y es que, suprimir las ayudas para libros y no implantar una política de gratuidad o de préstamo, es una decisión política; resulta chocante que la iniciativa para ello haya partido de la ciudadanía, siempre por delante y más sensata que nuestros gobernantes. Aumentar las ayudas y las subvenciones públicas a colegios concertados y privados que, en algunos casos, segregan por sexos es una decisión política. Mientras, la educación pública ve disminuido su presupuesto, muchos colegios siguen con barracones, se aumenta la ratio por clase, disminuye el profesorado y se ven mermadas sus condiciones laborales. ¿Cuál es el resultado? Pues que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el número de escolares que acude a la concertada o privada es mayor que la que acude a la pública. Otro dato significativo es que en plenos recortes, el beneficio de las escuelas de pago no deja de aumentar. Las empresas y órdenes religiosas propietarias de centros privados y concertados en España han obtenido un 11% más respecto al curso 2010-2011. Estos datos figuran en el Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo que será aprobado por el Consejo escolar del Estado. No olvidemos que más del 50% de los ingresos de estos centros proceden de la Administración pública y se verán reforzados por un trato de favor con la LOMCE. Permitir la cesión de suelo público a empresas privadas equivalente a lo que ocurre en Sanidad con los hospitales de gestión privada para gestionar colegios, también es una decisión política. Iniciar una cruzada lingüística y cultural de españolización absolutamente incomprensible, retrógrada y provocadora en Baleares, es una decisión política y torpe. Aumentar las tasas universitarias, reducir las becas y exigirle más nota a quien menos tiene, es una decisión que el gobierno ha adoptado gracias a la mayoría absoluta que ostenta. Ofrecerles, a cambio, un préstamo y favorecer el endeudamiento de las familias por un derecho básico no es la solución. Pero no sólo han aumentado las tasas en la Universidad, la FP, las Escuelas de Idiomas y la Selectividad no escapan de la subida. Beneficiar a las universidades privadas con dotación de suelo público y permitirles, con poco rigor y sin un estudio previo de la demanda laboral, la duplicación de titulaciones, es, con todos mis respetos, una decisión política. Ahogar la I+D+i, permitir el éxodo de cerebros y dejar envejecer las plantillas sin garantía de relevo generacional, es tirar por la borda los avances en investigación conseguidos en los últimos 30 años. Hay quienes dirán que lo tienen peor quienes no tienen nada que ofrecer en el extranjero; se equivocan, la cifra de desempleados sin estudios ni formación puntera irá aumentando si este país pierde el carro de la Ciencia y la Investigación y el de la Educación, la accesible para todos y todas. Esto es una realidad y no verlo es ponerse una venda en los ojos. Por ello, profesores, profesoras, personal de administración y servicios, familias, estudiantes, gentes de la Comunidad educativa y otros, conscientes del daño que se le está haciendo al sistema público de educación, alzan su voz, gritan no, e intentan disuadir a este gobierno de la masacre que ha emprendido contra la formación; bueno, más concretamente contra el hecho de que la formación y la educación sean un derecho irrenunciable y una opción posible para todas las personas, independientemente de su origen o condición. La protesta es «política» porque las decisiones no se justifican más que por motivos políticos e ideológicos. Miren ustedes, el otro día, en el centro de Alicante vi a un hombre pidiendo; era joven y tenía buena pinta, como se suele decir, y las frases que había escrito en una cuartilla seguían un orden perfectamente lógico: Sin trabajo, Sin familia, Sin casa,€. Sólo falta que algún día me tropiece con uno que añada Sin educación, porque no me la puedo pagar. Ministro, claro que la protesta es por convicciones e ideología política, no compartimos las mismas que su gobierno.
