La sanidad pública española durante más de tres décadas fue considerada la «la joya de la corona», una de las mejores del mundo, pero a dicha corona se le están cayendo una a una las piedras preciosas. Estas son recogidas por empresas privadas para las que, naturalmente, la sanidad es sólo un negocio más. Y para que el negocio sea rentable hay que introducir el bisturí y recortar todo lo recortable. Dichas medidas drásticas incluyen el pago de medicamentos en las farmacias (un repago porque ya se pagan con los impuestos); poner precio a diversos servicios que hasta ahora eran gratuitos; jubilar a cientos de médicos especialistas sin reemplazarlos; no renovar contratos...

Hospitales, construidos y financiados por la Comunidad de Madrid, en suelo de propiedad municipal, han sido entregados a la empresa Hima San Pablo de capital puertoriqueño. Una empresa que según su portavoz, en un programa de radio, manifestó sin ningún pudor que se dedicaría al «turismo sanitario», una empresa que afrontó en 2011 una demanda de impago de un crédito de trece millones de euros, una empresa investigada en Estados Unidos por otro crédito sin apenas garantías, de cinco millones de euros, que provocó la quiebra de un banco. ¿Qué aval tendrán los doce millones de euros aportados como garantía para administrar los tres hospitales madrileños?, ¿pasará con estos hospitales lo mismo que lo sucedido en el Hospital de Alzira en Valencia, donde la Administración terminó asumiendo una deuda de 67 millones de euros?

¿Sanidad Universal? Hace unos días se cumplió un año del Real Decreto en virtud del cual 873.000 inmigrantes no regularizados han perdido la tarjeta sanitaria. Afortunadamente la aplicación de esta despiadada medida no se aplica en toda España. Cuatro comunidades autónomas se han declarado objetoras: Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias. Según Médicos del Mundo las consecuencias detectadas más graves afectan a las enfermedades crónicas, con la interrupción de los tratamientos y en las patologías infecciosas transmisibles para las que no se han activado protocolos correspondientes. Esta política es letal, y además pone en peligro la salud de toda la población.

Finalmente, la Comunidad de Madrid, ignora que se han presentado siete recursos ante la Justicia que cuestionan la «externalización» de los seis hospitales. Uno de ellos ha prosperado y gracias al fallo emitido por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid se ha paralizado el proceso de privatización en los seis hospitales puestos «en venta». Sin embargo, Lasquetty va a por todas y se atreve a acusar al juez de haber actuado por motivos personales no jurídicos. Personales son en todo caso sus motivos (que coinciden con los que tenían sus antecesores Güemes y Lamela que hoy están colocados en la sanidad privada). Diga lo que diga Lasquetty, por el momento, las empresas tuvieron que abandonar los hospitales donde ya se habían instalado. Hicieron bien pues en realidad, legalmente, se hubieran transformados en vulgares «okupas».