El president Fabra gobierna una comunidad en quiebra y un partido enfermo. Las periódicas transferencias de dinero que Montoro se aviene a hacer después de mucho rogarle no resuelven las cuentas: sólo las parchean a cambio de mantener intervenido un territorio de cuya riqueza antaño se jactaban, reduciendo al jefe del Consell, como ya se ha escrito aquí, a mero delegado del Gobierno. La putrefacción del PP en esta región, por su parte, le coloca en la desgraciada posición de rehén. Griñán se ha ido en Andalucía para desbloquear la situación política creada por el escándalo de los EREs, pero aquí el escenario es justo el contrario: no es el presidente quien debe dimitir, sino el que debe expulsar a quienes están señalados por el dedo de la justicia. Dado que estos últimos son legión y siguen siendo poderosos, mientras que Fabra está cada día más solo y aislado y jamás ha sido capaz de tomar el mando, ni la Comunidad puede salvar la barrena en que ha entrado, por mucho calzado que exporte y muchos turistas que lleguen huyendo de la malversada Primavera Árabe, ni el partido es capaz de frenar su acelerada descomposición en pandillas (Rus, Cotino, Castellano, Císcar, Castedo, Lorente, Alonso, Ortiz...) que luchan barrio por barrio.
El domingo pasado, todos los periódicos trataban de ofrecer a los lectores las claves del nuevo curso político. Era un intento obligado, pero estéril. En primer lugar, porque no hay curso. Para que lo hubiera, debería haber un principio, un final y una programación. Un propósito. Esto, sin embargo, es un sindiós que no lleva a ningún sitio; la pescadilla que no deja de morderse la cola ni para tomar aliento. En segundo porque, de haberlo, no sería en las Cortes, ni en el Palau, ni siquiera en la sede del PP donde se inaugurara. En esta comunidad, desde hace tiempo, el comienzo del curso político coincide con la apertura del año judicial. En una situación de inestabilidad tal, donde lo único capaz de robar el titular a las acusaciones de corrupción son los recortes en servicios básicos, predecir lo que puede pasar en este periodo de sesiones es poco menos que ejercer de astrólogo. Sí hay una cosa clara: el lastre que esos escándalos le suponen al PP hacen que el partido que ha dominado las instituciones durante dos décadas esté a estas alturas convencido de que ese peso le arrastrará al pozo. No hay dirigente del PP que no haga ya los cálculos de cuántos diputados tiene que sacar UPyD para que los populares logren mantenerse en el gobierno, aunque sea en precario. Eso, contando con que la formación de Rosa Díez juegue a dejar paso al partido más votado y con que el PP logre serlo.
Paralelamente, cada vez que el PP utiliza el espantajo del tripartito de izquierdas, está poniendo en evidencia su debilidad.
Con un expresidente como Camps en riesgo de ser procesado en segundas nupcias por el Tribunal Superior de Justicia. Con cinco consellers de la anterior legislatura habiendo pasado o en trance de pasar por las mismas horcas caudinas: los exvicepresidentes Campos y Rambla, además de Milagrosa Martínez, Angélica Such y, por supuesto, Rafael Blasco, que en su afán de morir matando primero se llevó por delante a un conseller, José Manuel Vela, y ahora dispara desde las sombras contra el mismo Fabra. Con un presidente de las Cortes, Juan Cotino, bajo sospecha por la relación de sus empresas familiares con las contratas públicas y la financiación irregular del PP y que, al frente de la sede de la soberanía popular, no se aviene a dar explicación alguna de sus actividades si no se cierran antes las puertas del Parlamento. Con un secretario general, también conseller, Serafín Castellano, esperando que el tribunal decida si lo empapela o no mientras otro de sus antecesores en el cargo, Ricardo Costa, sigue a lo que determine el juez. Con los alcaldes de dos capitales de provincia, Castellón y Alicante, Alfonso Bataller y Sonia Castedo, imputados como casi todos por el caso Gürtel (menos mal que sólo eran cuatro trajes) o el Brugal, y la que faltaba, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pendiente de si prospera la petición del fiscal de Baleares para que el TSJ también la impute a ella por el caso Noo´s, el de Urdangarín, que aquí no nos perdimos una fiesta.
Con todo eso, y no sigo, Fabra parece haber arrojado definitivamente la toalla de la regeneración que prometió y ya se dedica sólo a correr para adelante las líneas rojas contra la corrupción que él mismo fijó. Ese baile de la conga lo ha explicado el vicepresidente Císcar con mucha más claridad que yo: cuando Sonia Castedo fue imputada dijo que si él lo estuviera dimitiría de inmediato; lo mismo declaró a mi compañero Pere Rostoll cuando comenzaron a llover las acusaciones contra Castellano; ahora que quien puede resultar imputada es Rita Barberá dice que, si se produce el suceso, la alcaldesa de Valencia debe seguir en su puesto como si nada. Pues eso: que así no hay quien gobierne... Ni quien se sienta gobernado.
Fabra no asumió una presidencia cuando dimitió Camps, es verdad: se metió en un laberinto. Pero en lugar de trazar un plan para salir de él, escogió la peor de las opciones: la de ir probando, desandando un día lo andado el anterior. Su falta de control del partido, la agonía del PP nacional como consecuencia del caso Bárcenas (que le impide aquí tomar algunas decisiones porque dejarían en evidencia la actuación de Rajoy en Madrid) y el sistemático empeoramiento de las encuestas (que les hace a muchos temer «tocar» a cargos como las citadas Castedo o Barberá, por el tirón electoral que mantienen), han hecho el resto para llegar a esta situación donde lo único que no está paralizado en la acción de gobierno son las tijeras de podar servicios.
En ese contexto, no es extraño que en el PP empiece a hablarse abiertamente de buscar otro candidato para las próximas autonómicas. Los nombres, de momento, son los que ya han ido saliendo en los papeles: que si González Pons, que si García Margallo, que si María José Catalá, la consellera de Educación, apoyada a su vez por Margallo. Entre tanto, también es cada día más evidente la fractura del Consell, donde el president y Císcar hace tiempo que perdieron la sintonía y donde Fabra ya sólo tiene un hombre de confianza: el titular de Sanidad, Llombart; es decir, alguien sin conexión con el partido. De nuevo, error.
En medio de este caos, Fabra tiene una bomba de relojería bajo su sillón con el temporizador activado. Se trata de la reforma del Estatut para que las inversiones del Estado en la Comunidad reconozcan su población real. El texto, aprobado por las Cortes en abril de 2011, debe validarlo el Congreso. Montoro se niega y Rajoy no quiere, así que de momento se ha suspendido su discusión dos veces. La tercera está prevista para este martes. La reivindicación de un trato justo para la Comunidad (vía inversiones y vía financiación) es el único discurso político sólido que le queda a Fabra. Así que si el martes vuelve a suspenderse el debate habrá llegado la hora de que dé un puñetazo en la mesa. Y si se somete a votación, tiene que ordenar a los diputados de la Comunidad en Madrid que voten a favor aunque rompan la disciplina del PP. Si no es así, o no le obedecen, en una democracia normal Fabra y su gobierno deberían dimitir. Ya sé que no lo harán en ningún caso. Prefieren cien veces colorados que una rojos. Y así van: con escolta armada hasta para subirse a un tranvía.
