Interés público e iniciativa social en la educación

19.08.2013 | 21:20

Tradicionalmente, se ha clasificado a los centros docentes en función de su titularidad, estableciendo la distinción entre centros públicos, de titularidad estatal o de las diferentes CCAA, y centros privados, en los que el titular es una persona física o jurídica. Pero, en diversos ámbitos de la actividad humana, sabemos que los espacios entre lo público y lo privado no están siempre perfectamente delimitados, si bien sirven como fuente de tensión dialéctica para la lucha ideológica o, mejor dicho, partidista de algunos.
Esto último es especialmente cierto en el ámbito de la educación, puesto que, con independencia de quien sea el titular de un centro, la naturaleza de la actividad docente hace que su fin sea, inevitablemente, de interés público. De hecho, en España, desde la promulgación de la LODE, en 1985, el sistema educativo quedó configurado de forma dual, con un componente público a cargo de la Administración y otro de iniciativa social. Nuestro objetivo, por lo tanto, no puede ser ni una estatalización total de la enseñanza, siguiendo la obsoleta y fracasada ideología del socialismo real, ni facilitar su privatización total para hacer de ella una actividad meramente lucrativa. Una sociedad plural y democrática debe abogar por la coexistencia de centros públicos y de centros de iniciativa social, puesto que ambas instituciones escolares no son antagónicas, sino convergentes y complementarias entre sí. En la ciudad de Valencia, la oferta de iniciativa social supera a la pública, en Alicante están casi equilibradas, en Elche la oferta pública supera a la privada. Sin embargo, en Elche, la totalidad de las familias que optan por matricular a sus hijos en centros públicos ve satisfecha su demanda, mientras que, curso tras curso, son muchas las que no pueden hacerlo en centros concertados.
Mi hijo ha cursado su educación infantil y primaria en un colegio público. Ahora asiste a un instituto público. Esto es así porque su madre y yo tomamos, con total libertad, esta decisión. Es nuestra elección, pero no intentamos imponérsela a los demás: los padres que optan por la enseñanza concertada, incluidos muchos cargos del PSOE, tienen los mismos derechos que nosotros y gozan de nuestro máximo respeto.
En los últimos años, coincidiendo con gobiernos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, han sido numerosos los nuevos centros públicos que se han construido en Elche. De hecho, ahora mismo se está construyendo uno más, el Colegio Público Princesa de Asturias. Este esfuerzo inversor ha hecho que los que optamos por la enseñanza pública para nuestros hijos tengamos muchos y buenos centros entre los que escoger plaza. Por lo tanto, la polémica suscitada por la futura construcción de un Centro de Iniciativa Social en Elche no se sustenta en hechos objetivos: no es cierto que este centro vaya a sustituir a otros y es rotundamente falso que sustituya a un hipotético instituto de Altabix, que ni siquiera estaba previsto en la planificación educativa.
Además, es una falacia que se regale terreno a una empresa privada: el terreno lo cede el Ayuntamiento a otra Administración pública, la Generalitat. Sigue siendo, por lo tanto, terreno de titularidad pública y dedicado a fines educativos. La única diferencia es que esta nueva infraestructura educativa no costará un céntimo a los contribuyentes.
¿Cuál es entonces el motivo por el que hay algunas personas que se oponen a la construcción de un CIS en Elche? En primer lugar, existe un grupo de padres, que merecen mi máxima consideración, pero que estaban mal informados. Una vez les he explicado en qué consiste un CIS y la planificación educativa de los centros públicos que lleva a cabo la Concejalía de Educación, ya no se oponen, en su mayoría. En segundo lugar, aparece un grupo de personas, pertenecientes a sindicatos y partidos políticos de extrema izquierda, a los que se ha sumado el PSOE por puro interés electoral, que se oponen a la construcción de este centro por motivos ideológicos, sin dar argumentos racionales. Estos últimos, como ciudadanos de Elche, también merecen mi respeto y consideración, pero comprenderán ustedes que no pueda atender a sus peticiones. Gobernar es intentar procurar el interés general de los ciudadanos, no plegarse a las presiones, por ruidosas y molestas que resulten, de una minoría. En resumen, la calidad de la educación no depende de la titularidad del centro, sino de una serie de factores internos y externos. Entre estos últimos destaca una normativa que ampare esa calidad y garantice que se premie el esfuerzo y la excelencia.
Entre los factores internos el principal es el profesorado. Tenemos el profesorado mejor preparado científica y pedagógicamente de la historia de nuestro país. El clima de confrontación permanente que algunos quieren crear en los centros, por interés político, no nos puede hacer olvidarlo. Nuestros docentes son nuestro principal activo y merecen que la sociedad valore la importancia de su trabajo en su justa medida.

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