Un Estado de Derecho se caracteriza por tener una Constitución votada democráticamente, y unas leyes que deben sujetarse a ésta, con un gobierno que obtenga la confianza del Parlamento que respete a las minorías y que actúen dentro de la transparencia, e interpretadas y ejecutadas las leyes por jueces independientes e imparciales.
Aparece el ataque al Estado de Derecho en primer lugar, a través de los llamados papeles de Bárcenas en los que consta que se ha obtenido mayoría por el PP y accedido al gobierno con una financiación irregular, incluido el período electoral. Que se ha gobernado por medio de decretos leyes, sin la correspondiente y previa discusión parlamentaria, e imponiendo normas completamente contrarias al programa electoral con el que subió al poder, con lo que se ha producido una constante deslegitimación democrática.
Por otra parte, sin respeto a las minorías, el gobierno ha controlado las principales instituciones del Estado, así la Defensora del Pueblo desde 2012 , Soledad Becerril, fue militante del PP hasta la toma de posesión de su cargo, diputada por Sevilla en el Congreso de los Diputados hasta 2011, alcaldesa de Sevilla (1995-1999) y ministra de Cultura de España (1981-1982), e igualmente son presidentes con cargo en el PP en instituciones tan señaladas como del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, nada menos que extesorero del PP en sustitución de Luis Bárcenas, y que ha sido presidente de la Diputación Provincial de La Coruña (1987 a 1990), consejero de Agricultura, Ganadería y Política Forestal del gobierno autonómico gallego, y ministro de Sanidad y Consumo (1996 a 2000); y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, que ha tenido los siguientes cargos a propuesta del PP: Directora General de Presupuestos (1996-2000), Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos (2000-2003), ministra de Medio Ambiente (2003-2004), diputada por Murcia en el Congreso de los Diputados (2004-2006), consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid (2006-2007), diputada en la Asamblea de Madrid (2007-2011), Senadora designada por la Asamblea de Madrid (2011). Diputada por Jaén en el Congreso de los Diputados (2011-2012).
La conspiración se completa cuando se propone como presidente del Tribunal Constitucional a Francisco Pérez de los Cobos, militante del partido que ocultó su militancia y fue asesor del PP en leyes que han llegado al Constitucional. Un verdadero escándalo, por la apariencia de no imparcialidad, y con la cadena de recusaciones que ha provocado por cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el PP.
Este complot antidemocrático no sería posible sin el concurso de una trama civil, formada por los banqueros y grandes compañías para las que el PP gobierna, cooperadoras necesarias en este ataque al Estado de derecho. Los políticos que nos gobiernan han contado desde siempre con el apoyo de esta trama financiera y empresarial dedicada a la corrupción, y complicidad de algunos policías, fiscales y jueces. El caso Gürtel es solo la punta del iceberg de esta colosal corruptela que cuesta al resto de los españoles cuarenta mil millones de euros.
Como dice el cantautor Kiko Veneno, aquí tenemos una mafia más sofisticada que en Italia. Al Juez que persiguió la mafia italiana, Falcone, unos sicarios lo asesinaron, y luego le elevaron un monumento. Aquí al juez Garzón que pretendió meterse a fondo en el caso Gürtel, le expulsaron de la carrera sin más, y lo quieren ver bien lejos. Como dijo el embajador de EEUU a nuestro fiscal general, en el caso Couso, «sobre todo que no le toque a Garzón». No se preocupe señor embajador, ya no es juez. En el caso Bárcenas como le podía tocar al juez Bermúdez, el que sentenció que el 11 M no era obra de la ETA, Rajoy llamó muy alarmado al presidente del Supremo para ver qué pasaba. Todos tranquilos, el fiscal, contradiciéndose con su anterior informe, solicitó que se apartara y lo llevara el juez Ruz, y así sucedió que lo lleva un juez inexperto (no es titular de la audiencia nacional) y es muy tranquilo y tan serio que siempre consulta y sigue las indicaciones de la fiscalía. Que entre pitos y flautas nunca se ha pedido ni acordado un registro del domicilio y antiguo despacho de Bárcenas, ¡cosa insólita! en una investigación penal tan importante. Ni siquiera se la ha pedido al PP que entregue los dos ordenadores y los papeles que le quitaron a Bárcenas, lo que obligó a éste a denunciar el robo. Porque motu proprio no los va entregar el PP, seguro. Tal vez lo de Kiko Veneno no sea una exageración.
