Mientras Bárcenas confirmaba ante el juez la autenticidad de los SMS cruzados con el presidente del gobierno hasta hace unos meses, así como la doble contabilidad del PP manuscrita por él mismo y las entregas dinerarias hechas a Rajoy y Cospedal, además de entregar un pendrive lleno de prometedora información, las declaraciones sucesivas de Soraya Sáenz, Floriano y el mismo Rajoy reiteraron el neolenguaje de las peteneras, la salida por la tangente o la evasión clamorosa de las preguntas más lógicas. Pero eso, en rigor, no es tan "neo". Lo verdaderamente novedoso está siendo la fuga dialéctica que confunde por elevación los ámbitos específicos de los poderes del estado.
Cuando dice Rajoy que "el estado no se somete a chantaje", delata la ilusión de que el estado es él, pues el presunto chantaje, si lo hubiera o hubiese, no atañe al estado sino a su persona, que son conceptos muy diferentes.
Cuando él o sus corifeos basan la prueba de que el chorizo no consiguió nada (se supone que "chantajeando") es el hecho de estar en la cárcel, incurren en otra resbaladiza confusión. Determinar la prisión preventiva por presuntos delitos tipificados en los códigos no es competencia del poder ejecutivo, sino del judicial. Quien ha puesto entre rejas a Bárcenas es el juez, como corresponde.
Gustase o no al gobierno, hubiera hecho lo mismo en presencia de indicios suficientes. Si lo que quieren es apuntarse el mérito, podían haberlo intentado con los primeros mensajes amenazadores del ex-tesorero, que se remontan al momento en que Cospedal lo puso en la calle con una indemnización diferida, simulada o como gusten mandar.
Y cuando Rajoy excluye el que un presidente de gobierno tenga que salir a puntualizar las noticias de cada día, finge ignorar que está sobre el filo de la navaja, en el momento más precario de su reinado y precisamente cuando más debiera salir a demostrar -si puede- que está limpio de las imputaciones del chantajista.
