El pasado martes la Vicepresidenta del Gobierno afirmó en una conversación informal con periodistas que se aplazaba la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo con la que Gallardón viene amenazando prácticamente toda la legislatura. Aunque horas después un comunicado matizó que dicha reforma se tramitaría al mismo ritmo que otras leyes, cierto alivio sí cundió entre quienes nos oponemos a ella. La noticia achacaba este cambio a un disenso en el seno del Ejecutivo y del PP. Ignoro si lo hay o no, pero no puedo evitar instalarme en la suspicacia y me ronda desde entonces el conocido refrán "piensa mal y acertarás".
Y en lo que pienso es en el Tribunal Constitucional (TC) recién renovado, compuesto prácticamente sólo por hombres (únicamente hay dos magistradas), de tendencia claramente conservadora, de cuya decisión depende el recurso de inconstitucionalidad interpuesto hace poco más de tres años por Federico Trillo como comisionado por setenta diputados del grupo parlamentario popular. Y pienso también que, aunque jurídicamente es imposible declarar la inconstitucionalidad de la ley en el sentido apuntado por Gallardón, es decir, declarar no conforme a la Constitución el actual sistema de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, albergo serias dudas sobre la imparcialidad de los magistrados en este tema.
En este sentido, no es improbable que muchos de los miembros del TC pretendan hacer prevalecer su ideología aún a costa de utilizar argumentos de todo tipo menos jurídicos, que son los únicos que se deben aplicarse. El propio ponente de la futura sentencia, Andrés Ollero, miembro del Opus Dei que se ha pronunciado en muchísimas ocasiones en contra de la interrupción del embarazo, ya declaró hace poco que si no había reforma de la ley habría sentencia del TC. A fin de preservar la dignidad institucional, este magistrado debería abstenerse, pero parece que no es su intención. Lo peor es que tampoco será recusado. Seguro que recuerdan que el magistrado Pérez Tremps fue recusado cuando el TC debía resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra el Estatuto de Autonomía catalán sólo porque realizó un informe sobre el mismo antes de acceder al cargo de magistrado ¿No estaría justificada, con mayor razón, la recusación de Ollero (y algún otro)? El problema es que este mecanismo sólo puede ser activado por las partes en el proceso. Y en este proceso todas las partes son el PP.
Si el TC no usa argumentos jurídicos es probable que declaren inconstitucional el sistema de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. Lo peor es que en este hipotético supuesto ya no habría más instancias a las que recurrir. Ojalá no se cumpla el refrán.
