La reforma de la atención sanitaria pública iniciada el pasado día 1 de septiembre de 2012, es una modificación radical del sistema sanitario público como lo entendíamos hasta ahora. Desaparece el concepto de universal (toda persona tenía derecho a la asistencia por el hecho de serlo y no por ser cotizante a la Seguridad Social), gratuito (la asistencia sanitaria era financiada por vía impuestos y totalmente gratuita, excepto el copago de los medicamentos de las personas en edad y situación de trabajar) y público (propiedad de todos y gestionado mediante entidades dotadas por nuestros representantes políticos).

Concretamente se sustituye el concepto de ciudadano con derechos, por el de asistencia sanitaria solo para cotizantes a la Seguridad Social, remedando los seguros privados. Con lo cual los jóvenes mayores de 25 años que no han trabajado nunca, los extranjeros que hayan perdido el permiso de trabajo, los ciudadanos de la Unión Europea sin ingresos, se ven excluidos de la atención sanitaria, con la excepción de las "urgències", menores de edad y embarazadas.

Lógicamente estas personas pueden llegar a dejar la medicación que estaban tomando -a veces para enfermedades infecto/contagiosas que pueden transmitir a la población-, no acudir a su médico cuando los problemas de salud están comenzando e ir al hospital en situaciones límite, muchas veces cuando ya sea demasiado tarde.

La alternativa que se les ofrece a estas personas es que abonen una cuota de 700 euros al año o de 1.800 euros si es mayor de 65 años, para poder acceder a las prestaciones, cuando en realidad son personas sin ingresos y excluidas del mercado laboral.

Por otra parte tenemos las personas mayores y las dependientes que tenían los medicamentos gratuitos y que ahora abonan el 10% de su valor, lo que supone en algunos casos una cantidad importante de dinero para las pensiones más bajas. Teniendo en cuenta además que muchos medicamentos habituales han dejado de prescribirse con receta y han pasado a venta libre, siendo ahora mucho más caros.

Pues bien, algunas de estas personas acuden a los servicios sociales municipales y a las entidades socio-caritativas, para que les paguen los medicamentos y les orienten sobre qué pueden hacer. La partida presupuestaria de Cáritas, por ejemplo, para abonar gastos farmacéuticos se ha duplicado de un año a otro y sigue subiendo. Los médicos que se han declarado objectores al nuevo decreto y que quieren seguir atendiendo a sus pacientes que han perdido el derecho a la asistencia, pueden hacerlo pero fuera del horario, sin cita previa y sin posibilidad de solicitar ninguna prueba diagnóstica ni derivar a otros médicos, ni extender recetas. Sin tener en cuenta además que el médico no sabe cuáles de sus pacientes han perdido el derecho a la asistencia y éstos no se atreven a hablar con el profesional, por vergüenza. Además la atención a urgencias, gestación, pediatría, está condicionada a que el afectado demuestre por escrito que su país de origen no va a correr con los gastos que genere la atención que se le va a prestar. De lo contrario, pagará el interesado la factura que genere la atención prestada. Y esto lo firma, en el mostrador, antes de que se le atienda.

Ante este atropello a los derechos básicos de las personas y, concretamente, de los más pobres, la HOAC de Orihuela-Alicante denuncia que:

-La medida es injusta e insolidaria porque se ensaña con los más vulnerables, que cada vez tendrán peor salud, aumentando la brecha social entre ricos y pobres, con el consecuente riesgo de fractura social en forma de revueltas y actos violentos.

-Los argumentos para defender la cotización a la Seguridad Social son falsos, porque la partida de Sanidad sale de Presupuestos Generales del Estado, por vía impuestos generales, de los que pagamos todos, igual que la justícia, la educación, la protección policial, los bomberos, los militares, etcétera.