En el Registro Civil se inscriben y anotan el nacimiento, filiación, nacionalidad, matrimonio y defunción acaecidos en España o que afecten a españoles en el extranjero. Se creó en el año 1870 consecuencia de la revolución de 1868 que trajo la I República con su laicismo, separando la Iglesia del Estado. Ya con anterioridad eran las parroquias las que registraban en sus libros de bautismo, matrimonio y defunción. Se reguló que se llevaran por los juzgados municipales y de Paz con los secretarios y funcionarios judiciales. Al suprimirse la justicia municipal, se lleva por los juzgados de Primera Instancia, y desde 1986 sus inscripciones, certificaciones y expedientes son absolutamente gratuitos. Por ley de 2011, que entrará en vigor en 2014, se desjudializaba y se ponía al frente a los secretarios judiciales y funcionarios especializados. Pero el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, conforme a la tendencia del Partido Popular de privatizar los fundamentales servicios públicos, tiene un proyecto de ley para hacer lo propio con el registro civil entregando su gestión a los registradores de la Propiedad.
Desde el año 2000 se habían informatizado los registros y digitalizado sus asientos y libros desde el año 1957. Esto ha tenido un coste de 180 millones de euros, que se van a regalar a los registradores. Por el Ministerio se dice que no se va a privatizar, ya que los registradores de la propiedad son funcionarios públicos, y que las inscripciones necesarias de nacimiento y defunciones serán gratuitas. En primer lugar, los registradores no son empleados públicos, son funcionarios estatutarios sujetos a arancel, son profesionales que realizan una función pública pero con un modelo de autogobierno independiente, que cobra a los ciudadanos por sus servicios en régimen de monopolio legal. Sus empleados no son funcionarios públicos y cobran exclusivamente del propio registrador. Por otra parte se calcula que para poner en funcionamiento los nuevos registros civiles serán necesarios más de 300 millones de euros. Y esto tiene que salir del arancel que no revertirá en el Estado sino a los propios profesionales registradores. De tal manera tendrán que pagar como mínimo entre 10 y 20 euros por las partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción y demás. Con la particularidad de que se le ha añadido al contenido de los registros los poderes notariales, un nuevo gasto para ciudadanos y completamente innecesario para documentos que son públicos y que tienen su correspondiente archivo en el protocolo notarial.
¿Qué sentido tiene convertir al Registro Civil en un mal remedo del Registro de la Propiedad a un coste multimillonario? Aunque se introdujera una tasa, lo debería gestionar el Estado y a través de sus propios funcionarios, y no se debería entregar al registrador. El secreto está en que el número de registradores de la propiedad en toda España no llega a 800 y que un pequeño grupo de ellos encarnado en el director general y vicedirector de los registros y del notariado, nombrados por el presidente Rajoy y su hermano, ambos registradores de la propiedad, ante la crisis inmobiliaria y que ha hecho descender mucho sus ingresos, buscan como solución tener ingresos seguros con el registro civil y otros registros que se le añadirán. Si en España fallecen algo más de 380.000 personas y se solicita un promedio de tres certificaciones, a un coste de 30 euros mínimo, da un resultado 12 millones de euros, es decir 2.000 millones de las antiguas pesetas. Ahora calculen ustedes los nacimientos, matrimonios, nacionalidades, y poderes notariales, y todo ello para repartir sólo entre 800 registradores.
Para Jueces para la Democracia, esta reforma perjudicará a la mayoría de la población y sólo beneficiará a corporaciones que "han sido tratadas tradicionalmente de forma privilegiada" como registradores y notarios. "Al igual que ha ocurrido con las tasas judiciales, nos encontramos ante un nuevo ataque a la Administración de Justicia como servicio público", concluye el portavoz de Jueces para la Democracia. Los funcionarios del Ministerio de Justicia volvieron ayer a concentrarse frente a la oficina del Registro Civil para mostrar su absoluto rechazo al actual anteproyecto y se exhibieron por muchas ciudades, pancartas de "El registro civil ni se vende, ni se regala". Los funcionarios judiciales y especialmente los del Registro Civil claman contra la privatización del servicio "sólo para hacer negocio". Todos los sindicatos critican que el Registro Civil dejará de ser un servicio público y pasará a ser el negocio privado de los registradores de la Propiedad, y se han recogido miles de firmas en contra de esta reforma. Por último, la OCU (que denunció por cobro excesivo en las cancelaciones hipotecarias, ya que el importe establecido en el arancel ascendía a 24 euros, pero los registradores estaban cobrando de media más de 140 euros, cantidades indebidamente cobradas que superan los 400 millones de euros, y tanto la Fiscalía del Tribunal Supremo y como el Ministerio de Justicia respaldaron la denuncia), igualmente está totalmente en contra de que las funciones del Registro Civil pasen a manos de los registradores de la propiedad y consideran que los servicios prestados, al ser de carácter obligatorio para el ciudadano, deben seguir siendo gratuitos. Esperemos que en virtud de estas críticas y manifestaciones no siga adelante este anteproyecto privatizador.
