El pasado 9 de mayo asistimos a la convocatoria de un paro general en la enseñanza pública a cargo de la mayoría de las organizaciones representativas de estudiantes, padres y madres y profesorado.
El aglutinante de la convocatoria era el rechazo a la nueva reforma educativa, la llamada Ley Wert, junto a este factor aglutinador la plataforma reivindicativa se enriquecía con otras consignas referidas a problemas no menos graves, como son los recortes que afectan a temas tan sensibles como aumento de ratios, disminución de recursos para la atención a la diversidad, reducción de becas, impagos, disminución de plantillas, desregularización de listas o despidos de profesorado interino.
En realidad todo es lo mismo, la LOMCE no es más que la certificación de una política, mal llamada de austeridad, que pretende convertir los servicios públicos esenciales en residuales, suprimiendo su carácter universal. La educación y la sanidad públicas son consideradas como lujos "insostenibles". En la sociedad futura a la que nos conducen, caracterizada por la precariedad y los salarios bajos generalizados y una profundización en la brecha entre una mayoría empobrecida y una minoría enriquecida no caben ni un sistema sanitario público y universal ni un sistema educativo público y universal. ¿Quién lo pagaría?, desaparecida la mal llamada clase media, los ingresos del Estado sólo podrían proceder de la minoría dominante, pero eso sería tanto como pedirles que renunciasen a su botín después del esfuerzo que han hecho por despojar al conjunto de la sociedad de sus derechos más elementales y de todo vestigio del precario Estado del Bienestar del que alguna vez creímos disfrutar.
Hace tiempo que la política sanitaria va en esta dirección: reducir, privatizar, jerarquizar. Reduciendo las prestaciones, el número de personas atendidas, los tratamientosÉ Privatizando hospitales, externalizando servicios, jerarquizando la gestión apartando al personal sanitario de ella y entregándosela a gestores sin escrúpulos procedentes del sector privado y cuyo único objetivo es recortar el gasto sin importarles las consecuencias.
La reforma Wert y la política educativa de los gobiernos español y valenciano no pretenden otra cosa que aplicar la misma receta.
Reducir el número de alumnado y por ende el de profesorado, mediante pruebas selectivas que no tienen otro objeto que realizar una selección prematura que aleje a un buen número de chicas y chicos del Bachillerato y de la Universidad, conduciéndoles hacia una formación profesional, previamente privatizada, que entregue a las empresas operarios sumisos y con poco criterio, listos para su integración en un mercado laboral precarizado y en un sistema productivo de escaso valor añadido (empleabilidad, llama a este objetivo la propia ley).
Reducir el espacio vital del alumnado aumentando su número por aula hasta niveles insostenibles. Las dificultades para desarrollar métodos educativos personalizados y de integración aumentan de modo exponencial hasta hacerlas imposibles. Ya no importa la exclusión social es una consecuencia lógica del nuevo (¿?) modelo productivo y social que han diseñado.
Reducir las plantillas de profesorado, aumentando jornadas y número de chicas y chicos a atender y suprimiendo programas que permitían la integración del alumnado. Por cierto que el sistema educativo español puntuaba muy alto en temas de equidad en todos los índices europeos publicados, no importa nunca fue importante para nuestras autoridades educativas ni para los creadores de opinión.
En este contexto de reducción de plantillas se ha de entender la desregularización de las listas del profesorado interino, a menos regularización más despidos. Al tiempo se crea una ilusión óptica de posibilidades de obtener un trabajo que se escapa.
Privatizar todavía más el sistema, se trata de dar todas las facilidades para convertir la educación en un negocio. Y no sólo eso, también desactivar el carácter progresista de la educación pública aumentando más el poder e influencia de determinadas sectas religiosas.
Jerarquizar, aumentado todavía más el poder de la dirección de los centros a la que se certifica como auténticos capataces con capacidad para seleccionar y sancionar al profesorado y como gestores fieles de una política destinada a enterrar el modelo de escuela pública laica y democrática, que un día soñamos y todavía hoy defendemos.
La ley además tiene un cierto olor nacional-católico que la envuelve, pero que no es más que el envoltorio de un contenido muy amargo.
Defender la sanidad y la educación públicas y universales es una responsabilidad del conjunto de la sociedad, los efectos del desastre tendrán efecto más allá de las puertas de los colegios o los hospitales, y durarán bastante más que la propia LOMCE. Una sociedad menos educada y menos saludable, es sin duda, una sociedad menos libre y menos próspera.
