Esta obra de teatro la escribió Rojas Zorrilla en 1651 y trata de que un noble queda deshonrado cuando otro noble trata de seducir a su esposa, pero creyendo que es el rey no se atreve a vengarse ya que reconoce que su honor es inferior al rey, pero cuando descubre al verdadero culpable lo mata ya que "nadie se salva después del rey". Así podemos decir que el Rey Juan Carlos es inviolable y es irresponsable, pero debajo del rey ninguno más es inmune. El auto del juez Castro imputando a la Infanta Cristina delitos de tráfico de influencias y colaboración necesaria en el caso Nóos (falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, y delitos contra la Hacienda Pública) ha levantado una serie de críticas que por su origen puede entenderse como una presión contra la independencia judicial.

Empezando por la Casa del Rey (es decir, el rey) que ha expresado su "sorpresa" por el "cambio de posición" del juez José Castro, que ha llevado a la imputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos y ha manifestado también su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir el auto. La Jefatura del Estado no debe emitir sensaciones de sorpresa, ni apoyar expresamente a ninguna de las partes, en este caso al fiscal.

El titular de Exteriores, García Margallo, se ha mostrado "preocupado" y ha pedido que el proceso de la Infanta Cristina "se sustancie con rapidez" porque no beneficia a la Marca España. El presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, considera la imputación de Cristina de Borbón una "malísima noticia" y ha reclamado la intervención del ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, para que la justicia resuelva el caso "cuanto antes" y que "no lo tenga abierto durante meses o años". La reacción más contundente la ha pronunciado Vicente Martínez Pujalte, diputado del PP, quien ha mostrado su disconformidad con el auto por la decisión de un juez, que según él, lo único que busca es "protagonismo personal" en vez de la "búsqueda de la verdad".

Buena parte de la derecha mediática carga contra el juez Castro. Así el diario La Razón apunta contra el magistrado por haber dado crédito a los correos del socio de Urdangarin. "No se ha acreditado que la Infanta tomara decisiones en Nóos". El diario critica las declaraciones de la número dos del PSOE, Elena Valenciano, en las que pidió a la Casa del Rey que sea "neutral". "Insinuar que la máxima institución del Estado se inmiscuye en la independencia judicial sólo es aceptable en un país bananero, pero no en España ni por parte de un partido, hoy en la oposición, que ha gobernado durante 22 de los 35 años de democracia", afirma en su editorial.

Para el diario ABC el auto del juez es "contradictorio y poco fundado", la imputación de la infanta "se ha convertido en la última coartada de quienes, bajo la aparente indignación por los hechos que investiga el juez Castro, realmente buscan el desprestigio de la Corona para forzar un cambio de sistema político en España". El diario lamenta que en el palacete de Pedralbes, donde habitan la infanta, Urdangarin y sus hijos, se padezca "un ambiente opresivo rodeados de decenas de cámaras" y que los niños tengan que sufrir las consecuencias con el rechazo de sus compañeros en el colegio. Agustín de Grado dice que "la decisión del juez está influenciada por un clima social propenso al linchamiento", mientras Eloy del Valle califica la imputación de "puñalada trapera a la imagen de un país". Martín Prieto escribe que lo "de doña Cristina es una tormenta en una taza de té provocada por alucinaciones colectivas" y añade que "cuando se solapan las informaciones judiciales con las miserables del corazón, está puesta la mesa camilla del morbo más analfabeto". José María Marco dice que los argumentos del auto, sintetizados en los 14 indicios, no constituyen una base sólida para imputar a nadie, y llega a decir que la imputación de la hija del Rey demuestra "que lo que realmente flota como los excrementos en el lodazal, es la injusticia".

Carlos Herrera se lleva la palma: lo que ha hecho el juez Castro es llevar a cabo su juego, del que alardea por Palma: desmontar la institución monárquica. "No puedo imputar al Rey pero sí a una Infanta". Para minimizar la valía del magistrado, recuerda que llegó a la judicatura por el cuarto turno (lo cual además no es cierto) y concluye apuntando a que es un vendido, "no se extrañen si el próximo paso es ver a Castro como miembro del Tribunal Constitucional a propuesta de algún partido muy concreto".

El escrito de impugnación del auto de imputación de la Infanta, hecha por el fiscal Anticorrupción, es considerado como insólito por varios juristas. En primer lugar casi nunca el fiscal se opone a la citación de un imputado que realiza el juez de instrucción. ¿Alguien se opuso a que fuera imputada la esposa de Torres, que más o menos estaba en las mismas circunstancias que la Infanta? Y como dice Jiménez Villarejo: en su afán de oponerse a dicha decisión judicial, parte de un presupuesto falso, como es que ya no es el momento de que el juez instructor acuerde una resolución de ese alcance; parece desconocer el fiscal -confundiendo el principio acusatorio, que durante la instrucción de un proceso, que no está concluido- que es el juez y sólo el juez el único habilitado, de conformidad con el Art. 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para llamar a una persona como imputada, a fin de garantizarle el derecho de defensa.

Dice el fiscal que los catorce indicios de culpabilidad de la Infanta se le antojan circunstancias inocuas, no reprochables penalmente. Es cierto que el auto de imputación es demasiado extenso y con alguna confusión, pero por la acumulación de datos, que si cada uno de ellos por sí mismo no permiten fundamentar una atribución de responsabilidad, valorados en conjunto, como hace el juez, con criterios racionales y deductivos autorizan a sospechar de la posible comisión de un delito. Téngase presente, que en todos los casos de personas no aforadas, como es la Infanta, en el auto de admisión de denuncia o querella, sin más, se cita como imputados a los denunciados, para que acudan con abogado teniendo derecho a no declararse culpable y guardar silencio. Si se trata de aforados la ley exige al juez que haga un informe fundamentado de su posible imputación, y a la Infanta, por deferencia debido a la trascendencia social del acto de imputación, se le da el tratamiento como de aforada y se le razonan detalladamente todos los indicios. Pero lo que no se puede decir con el fiscal, que la Infanta ha sufrido un trato discriminatorio. ¡Afirmación temeraria! Bastaría con los hechos acreditados de participar en cuentas conjuntas con su esposo, de ser cofundadora de una entidad dedicada a los minusválidos, que la mayoría del dinero se fue a paraísos fiscales, y miembro de la ejecutiva de las fundaciones sin ánimo de lucro, que sacaron millones de entidades públicas sin ningún expediente administrativo correcto, que es licenciada universitaria -y no su marido- y empleada en una fundación de la Caixa, y que posteriormente se aportan escritos donde su marido le pide consejos directamente para sus negocios que resultaron presuntamente delictivos: ¿Qué juez imparcial no la habría citado como imputada para que aclare estos hechos, aunque luego se pruebe que ella no cometió ningún delito?